Los gobiernos entrante y saliente de Argentina cerraron filas ayer para rechazar en forma tajante el pedido de captura y de extradición de casi un centenar de militares y civiles, reclamados por el juez español Baltasar Garzón por supuestos delitos cometidos contra ciudadanos ibéricos durante la dictadura (1976/1983).
El principio de territorialidad fue esgrimido una vez más, como sucedió cuando ese magistrado obtuvo la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y reclamó su extradición para juzgarlo en Madrid por similares delitos.
Pero el saliente peronista Carlos Menem y el electo socialdemócrata Fernando de la Rúa volvieron a encontrarse con las críticas de organismos de derechos humanos por su postura de respaldar a los represores, la mayoría juzgados, condenados, amnistiados o indultados.
Además, la Alianza UCR-FREPASO, que gobernará el país desde el próximo 10 de diciembre, se enfrenta ahora, aún antes de asumir, con un problema interno debido a que sus aliados socialistas exigen el castigo para los responsables de la "guerra sucia".
Entre los imputados por la Audiencia de España con orden de captura internacional figuran varios integrantes de las juntas militares que gobernaron de facto, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla, Leopoldo Galtieri y Emilio Massera.
Menem anunció ayer que Argentina "rechazará de plano" el pedido de Garzón porque constituiría "un intento de violación a la soberanía nacional".
Además precisó -en declaraciones a la capitaliana Radio 10- que "le vamos a ahorrar esta tarea al futuro gobierno" de De la Rúa.
El jefe de Estado argentino canceló su asistencia a la próxima Cumbre Ibeoramericana de La Habana en solidaridad con Chile, que se niega a participar en el encuentro en protesta por el pedido de Garzón de extradición contra Pinochet a Gran Bretaña, donde está detenido, para procesarlo en España.
Por su lado, el presidente electo De la Rúa puntualizó la noche pasada en conferencia de prensa que la decisión de Garzón "no tiene efecto operativo", "excluye al territorio argentino", aunque "es una decisión dentro de su competencia".
A su vez, el actual ministro del Interior, Carlos Corach, insistió ayer sobre del "principio de territorialidad" y señaló que, en su opinión, "es necesario crear un tribunal penal internacional para juzgar los crímenes de genocidio".
De su lado, el constitucionalista y asesor en materia jurídica de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, puntualizó ayer respecto al fallo de Garzón que "existe un tratado de asistencia y extradición entre España y Argentina", y que "va a ser difícil que se logre la extradición" ya que muchos de ellos están amparados por las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
Gil Lavedra, integrante del jurado que condenó en 1985 a los comandantes, explicó igualmente que un decreto de Menem, ante un pedido anterior del mismo magistrado, fue denegado, y se ordenó que "se devuelvan" las actuaciones originales a la Embajada de España en el país.
La Cancillería sostuvo por su lado que "no recibió" ningún pedido de asistencia jurídica internacional por parte de la Embajada de España, y que si así sucede, el mismo "será rechazado" de acuerdo al artículo 1 del Código Penal Argentino sobre la territorialidad, dijo a la
