En un hecho inédito, los militares chilenos han aceptado buscar, junto a activistas de los derechos humanos y a la Iglesia Católica, los restos de un millar de detenidos-desaparecidos que legó la dictadura del general Augusto Pinochet.
Representantes del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía que participan en una "mesa de diálogo" aceptaron ayudar a averiguar qué pasó a los desaparecidos, en qué circunstancias murieron, y dónde están. Hace un año, en la víspera de la detención en Londres de Pinochet, era impensable suponer que los militares estarían dispuestos a colaborar en la búsqueda.
Tampoco se podía pensar que estarían dispuestos a sentarse frente a destacados activistas de los derechos humanos y escuchar sus relatos sobre atroces torturas, ejecuciones y desapariciones.
Los uniformados acogieron una lista de unos 1.200 desaparecidos, entregada por el abogado Alejandro González, encargado gubernamental de averiguar sobre los complejos problemas de derechos humanos legados por la dictadura. En el primer encuentro de una comisión que buscará a los desaparecidos, los militares recibieron la larga lista sin rechazarla ni cuestionarla, dijo la abogada Pamela Pereira, una de los 20 integrantes del grupo.
En los nueve años desde la reinstauración de la democracia se han encontrado 243 restos de detenidos políticos desaparecidos, pero faltan alrededor de un millar. Las cifras nunca serán exactas, admitió Pereira.
La inédita "mesa de diálogo", impulsada por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez, se dividió en dos grupos: uno que buscará a los desaparecidos y otro que establecerá lo que los militares llaman "la verdad histórica", que condujo al golpe militar de 1973 y su legado de abusos.
Los 20 miembros de la mesa participan, al mismo tiempo, en ambas comisiones.
Hasta ayer, sólo el jefe de la armada, almirante Jorge Arancibia, había aceptado hablar sobre la necesidad de encontrar a los desaparecidos y revelado que personal de su institución estaba a cargo del asunto. En cambio, el jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, había reiterado que su institución no tiene informes sobre el millar de opositores cuyo paradero se desconoce. Por tanto, no se había pronunciado sobre su búsqueda.
Ahora, sin embargo, los representantes de las fuerzas armadas en la "mesa de diálogo" aceptaron no sólo la lista, sino que también integran la comisión que intentará esclarecer lo ocurrido.
El obispo católico Sergio Valech, que preside la comisión de búsqueda, dijo que la disposición "positiva y franca" de los militares permite pensar que "tendremos éxito".
El abogado Héctor Salazar, otro activista de los derechos humanos en la mesa, dijo que los militares reiteraron que no tienen informes sobre los desaparecidos, pero que están dispuestos a buscarlos.
"No tenemos información, podemos ayudar a reconstituirla y nuestro ánimo es cooperar para que ello sea así"", dijeron los militares según monseñor Valech.
"Las fuerzas armadas han insistido en su actitud de participar (en la búsqueda)", añadió el prelado.
Los militares no formulan declaraciones después de la sesiones.
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