Los militares que participaron en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad reiteraron ayer su rechazo a una sanción disciplinaria que los deja virtualmente fuera del ejército.
El Consejo Superior del instituto armado les notificó en la noche del martes que quedaban "a disposición del ministerio de Defensa" que significa que son mantenidos sin prestos ni funciones por un lapso de hasta nueve meses, al término de los cuales son dados de baja si no se aceptan sus descargos.
"Es una decisión que se adoptó unilateralmente, sin tomar en cuenta la posición de los oficiales, y sin ninguna investigación", declaró a un canal de televisión el coronel Jorge Brito.
Dijo que vana apelar a la medida. "Si se nos quiere sancionar a nosotros, está bien, pero que se sancione a todos. Hay muchos culpables: unos por acción (como nosotros) y hay otras personas que son actores por atrás", dijo el líder del grupo, coronel Lucio Gutiérrez, en declaraciones al diario Expreso. No identificó a nadie.
Según Expreso, el jefe del ejército, general Norton Narváez, habría increpado a los oficiales, señalándoles que "ya no son de confianza de las fuerzas armadas".
El grupo de sancionados lo integran 11 coroneles, dos mayores, dos capitanes, un suboficial y ucabo, que permanecieron presos desde enero hasta el viernes pasado cuando salieron libres gracias a una amnistía aprobada por el Congreso Nacional. Estaban siendo procesados por cargos desde el delito de insubordinación a faltas a deberes militares.
Aunque la amnistía los liberó de cualquier proceso penal quedaron expuestos a la aplicación de sanciones disciplinarias bajo el reglamento castrense, por abandono de sus obligaciones profesionales.
Los 17 sancionados son considerados los cabecillas de más de cien efectivos del ejército que salieron a las calles y se sumaron a unos 5.000 indígenas que reclamaban la salida del poder de Mahuad, con quienes se apoderaron del Congreso e instalaron una Junta de Gobierno de Salvación Nacional la noche del 21 de enero.
En un principio la acción pareció contar con el aval del alto mando de las fuerzas armadas luego que el general Carlos Mendoza, a la sazón ministro de Defensa, asumiera como miembro de un triunvirato cívico-militar, que abandonó al cabo de tres horas.
Sin el respaldo castrense, el fugaz triunvirato quedó desbaratado, y la cúpula de las fuerzas armadas entregó el gobierno a Gustavo Noboa, que era vicepresidente de Mahuad.
Noboa, con un mandato hasta enero del 2003, pidió al Congreso la amnistía por considerar que la libertad de los militares contribuiría a la "reconciliación nacional".
