La Federación Internacional de Derechos Humanos, organización no gubernamental con sede en París, advirtió ayer en Lima haber constatado que "no existen condiciones para realizar elecciones democráticas, libres y transparentes en Perú" el próximo nueve de abril.
Una misión de la FIDH divulgó un informe en el que sus firmantes expresan su "temor por la autenticidad del sufragio" y la constatación de "un difundido temor en la ciudadanía de que no se va a respetar el secreto del voto".
En conferencia de prensa, los integrantes de la misión -la nicaragüense Bianca Jagger, la mexicana Marieclaire Acosta y el sueco Roland Anrup- presentaron un balance de su gestión de 10 días.
"Aunado a las dudas (de la oposición) sobre la efectiva imparcialidad e independencia de las instancias encargadas de la vigilancia electoral, hemos constatado que no existen las condiciones para realizar elecciones democráticas, libres y transparentes", dijo la coordinadora Jagger.
Las recomendaciones subrayan aspectos de los derechos humanos actuales en Perú que pueden tener impacto en los comicios generales de abril. Uno de ellos plantea que cese el apoyo del gobierno de Estados Unidos al Servicio de Inteligencia Nacional peruano (SIN) y en general a las Fuerzas Armadas "en vista de que sirve para fortalecer el régimen imperante en Perú".
En defensa de la objetividad de su trabajo, Jagger recordó que recabaron información de representantes del Estado, gobierno, partidos políticos y la sociedad civil, particularmente de pobladores de los departamentos de Arequipa y Ayacucho, ambos en el sur peruano.
La síntesis del informe cuestiona el intento del presidente Alberto Fujimori de alcanzar una segunda reelección continua.
La coordinadora nicaragüense comentó que algunos peruanos, en especial pobladores del interior del país, consideran que los nuevos documentos de identificación personal y la sofisticada tecnología informática "han infundido temor en la ciudadanía de que no se va a respetar el secreto del voto".
Por su parte, Marieclaire Acosta advirtió que las recomendaciones no son de ejecución obligatoria, sino "una expresión de voluntad para que se creen las condiciones para superar la irregular situación de las instituciones jurídicas en el Perú".
En ese sentido, piden descontinuar el uso de recursos del Estado "para fines de proselitismo del candidato-presidente", exhortan al Congreso restituir a los tres magistrados destituidos del Tribunal Constitucional y "dejar sin efecto su pretendido retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
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