El juez especial chileno Juan Guzmán Tapia, quien investiga más de una veintena de demandas criminales contra el general Augusto Pinochet, detenido desde hace ocho meses en Londres, afirmó ayer domingo que no planea interrogarlo en Inglaterra.
"No, porque no tengo jurisdicción", respondió el ministro de fuero al diario El Mercurio, al consultársele si planeaba interrogar al ex presidente de facto, que gobernó el país entre 1973 y 1990.
El juez, de 60 años, indicó en la entrevista que no dictó orden de arresto contra Pinochet "porque no está en Chile" y que no lo había hecho antes "porque no se reunían los requisitos".
Pinochet fue detenido el 16 de octubre en Londres por un juicio de extradición a España y enfrenta en Chile 24 demandas ante los tribunales por su responsabilidad en fusilamientos, asesinatos y desapariciones. Desde su detención, el presidente Eduardo Frei y el canciller José Miguel Insulza negaron que la justicia española y la británica pudieran aplicar la extraterritorialidad de la justicia.
Agotaron sin éxito los medios jurídicos para evitar el juicio de extradición, que finalmente fue autorizado en abril por el ministro británico del interior, Jack Straw, el pasado.
Tras el fracaso del camino jurídico, el gobierno de Frei emprendió contactos políticos en Gran Bretaña y España, en favor de la liberación de Pinochet.
Interrogado porqué no se ha declarado incompetente y pasa el caso a la justicia militar, Guzmán Tapia respondió que "eso no se lo puedo decir". Consultado si se imagina interrogando a Pinochet, contestó lacónicamente que "no me lo imagino".
Juan Guzmán Tapia confesó que estuvo con Pinochet en actos oficiales cuando él era ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, 260 km al sur de Santiago.
"Después -dijo- una vez en la fiesta que hace el Ejército los 19 de septiembre. Con un grupo de ministros nos sacamos una foto con él. No hemos tenido ningún otro contacto".
En la entrevista, el magistrado declaró que no es antimilitar. "Todo lo contrario. Admiro y respeto su trabajo y considero que en países como los nuestros son absolutamente necesarios".
El 9 de junio, Guzmán Tapia ordenó la detención del general retirado Sergio Arellano Stark y otros cuatro altos oficiales en retiro que integraron la "caravana de la muerte", en octubre de 1973, un mes después del golpe militar. El viernes por la noche, los cinco implicados quedaron arrestados en distintas unidades militares.
La caravana recorrió ciudades del norte y del sur, donde ordenó el fusilamiento de 72 presos políticos, algunos de los cuales habían sido condenados a penas de cárceles por los consejos de guerra.
Estos 72 opositores pasaron a engrosar la lista de los 1.198 detenidos desaparecidos.
Dijo que el problema terminará "cuando se tengan pruebas suficientes. Ni al actual Gobierno, ni al futuro Gobierno, ni a las Fuerzas Armadas les interesa que siga este juicio".
Aseveró que "el hecho de que haya procesos puede acelerar una Ley de Punto Final que favorezca a todos. Muchos, de los dos lados, están cumpliendo penas de cárcel".
No obstante, el miércoles pasado, Frei advirtió que su Gobierno no influirá ante los tribunales que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. "Los tribunales tienen que cumplir su responsabilidad", dijo el mandatario.
En la entrevista con el matutino, el magistrado puntualizó que "los jueces son soberanos para interpretar la ley", y aclaró que "los hechos de secuestros comprobados están ya concluidos, cayeron dentro de la ley de amnistía por la fecha en que fueron perpetrados y agotados". Explicó que, "en estos otros casos, en cambio (se refiere a los detenidos desaparecidos) se sabe cuando comenzó el secuestro, pero no se sabe cuando termina".
Subrayó que "la ley la debe interpretar cada juez. Los jueces somos libres para interpretar la ley; no somos esclavos de la ley. Buscamos la justicia, esa es nuestra obligación".
Señaló que en los casos pendientes "se sabe que fueron detenidos, en qué fecha e, incluso, muchas veces en qué circunstancias, pero sus cuerpos han desaparecido y no se conoce en qué concluyeron los casos".
El magistrado indicó que "cuando hablo con parientes de ellos, dan por hecho que están muertos; les pregunto si les consta que murieron y responden que no, porque nunca hemos visto sus restos".
