El Ejército chileno no dio importancia a la participación de cuatro militares en una manifestación callejera violenta en favor del ex dictador Augusto Pinochet y no planea aplicarles sanciones, publicaron ayer dos diarios de Santiago citando fuentes militares.
Los mandos del Ejército consideraron que la actuación de los implicados (un coronel, un teniente y dos cadetes) fue a título personal y que los gestos de solidaridad con Pinochet, que encabezó la institución por 25 años, no constituye un acto político, según El Mercurio y La Tercera. Ninguna investigación sumaria está en marcha en el Ejército, dijo un portavoz citado por los dos periódicos.
Los cuatro soldados fueron detenidos por la policía de Carabineros el sábado, vestidos de civil, cuando participaban en un mitin de pinochetistas que protestaban airadamente contra España y Gran Bretaña en las cercanías de sus embajadas en Santiago.
Pinochet, dictador entre 1973 y 1990, cumplía ese día un año de detención en Londres, donde fue capturado a petición del juez español Baltasar Garzón, que le imputa crímenes contra la humanidad durante su pasado régimen.
Carabineros empleó gases lacrimógenos y carros lanza-aguas para dispersar la repulsa antibritánica y antiespañola.
El ministro secretario de la presidencia chilena, José Miguel Insulza, criticó como indebida la actuación de los cuatro militares, pero dejó los eventuales castigos en manos de la Comandancia en Jefe del Ejército. Congresistas de la gobernante coalición de centro-izquierda Concertación de Partidos por la Democracia habían mencionado a los arrestados como infractores de las leyes constitucionales y las ordenanzas internas, que prohíben que las Fuerzas Armadas intervengan en actos políticos o partidistas.
"Hoy son cuatro oficiales y hoy puede ser la sublevación de un regimiento", advirtó el diputado socialista Jaime Naranjo, previniendo sobre actos de insoburdinación por el caso Pinochet.
Tras la captura del ex gobernante y actual senador vitalicio, el Ejército se declaró "inquieto y alarmado" y demandó urgentes acciones políticas y diplomáticas oficiales para conseguir su pronta liberación.
Sin embargo, los Gobiernos de España y el Reino Unido no accedieron a las gestiones del presidente Eduardo Frei y su Cancillería, y dejaron el caso en el ámbito autónomo de los tribunales de justicia.
La familia de Pinochet y el Gobierno han insistido en la vejez y el mal estado de salud del general, advirtiendo de que podría morir antes de que concluya el proceso.
El tribunal londinense de Bow Street concedió el 8 de octubre la extradición a España de Pinochet, pero las apelaciones podrían prolongar el trámite dos años.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, de la Democracia Cristiana de Frei, dijo que la transición a la democracia plena en Chile, tras el fin de la dictadura de Pinochet, está hoy paralizada.
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