El escándalo por sobornos en el Senado argentino causó una nueva baja en las filas de la cámara alta ayer, cuando un legislador del opositor pidió licencia por 90 días para alejarse del ojo de la tormenta.
"El senador (Emilio Cantarero) va a presentar el pedido de licencia y será tratado oportunamente hoy", dijo a periodistas su abogado Andrés Marutián.
"En ningún momento el senador evaluó la renuncia", agregó sobre el legislador del opositor Partido Justicialista (peronista).
El letrado agregó que su defendido también denunciará a la senadora Silvia Sapag por el delito de "omisión de denuncia".
La senadora Sapag, de un partido provincial, lo acusó la semana pasada de ofrecerle dinero proveniente de empresas petroleras a cambio de votar a favor de una ley de hidrocarburos.
Sapag había denunciado también al senador de la gobernante Alianza Juan Melgarejo, quien inmediatamente renunció a su banca en la cámara alta.
Cantarero está también implicado, junto a otros 10 senadores, en otro presunto cobro de sobornos para aprobar en abril una ley de reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Fernando de la Rúa.
El juez federal que investiga el caso, Carlos Liporaci, sospecha que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, habrían sido los supuestos promotores del pago de sobornos.
En un intento por allanar el camino de la justicia, De la Rúa firmó un decreto que obliga a la SIDE a explicar en qué gastó sus fondos secretos, de donde se sospecha habría salido el dinero usado para presuntamente sobornar los senadores.
Liporaci es a su vez investigado por el Poder Judicial por enriquecimiento ilícito.
Concretamente, debe explicar cómo adquirió con su sueldo de juez una casa valuada en al menos 600,000 dólares, según las cifras menos alarmistas.
