El resurgimiento del nunca olvidado pasado de las violaciones a los derechos humanos genera inquietud en las filas castrenses de varios países latinoamericanos, al tiempo que despierta el deseo de redención y justicia en muchos sectores sociales.
La revisión de ese pasado en las agendas judiciales y políticas de países como Argentina, Brasil -una auténtica novedad-, Chile, Guatemala y Uruguay tuvo un nuevo empuje a partir de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 a instancias de la justicia española.
En Uruguay -donde una ley de 1986 refrendada por la ciudadanía zanjó para siempre la posibilidad de juzgar a los militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), aunque no impide investigar qué fue de los desaparecidos- el tema ha resurgido con fuerza a instancias del presidente colorado (centroderecha) Jorge Batlle.
El propio mandatario dijo en su discurso de asunción el 1 de marzo que tenía la intención de "sellar para siempre la paz entre los uruguayos"; en otras palabras, buscar una solución al tema de los desaparecidos.
