Un magistrado ordenó ayer la detención internacional del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente refugiado en Japón, por su presunta responsabilidad y participación intelectual en dos graves matanzas ocurridas durante su primer gobierno, informó el Poder Judicial.
El vocal supremo José Lecaros dictó la orden de captura internacional en el proceso que se sigue a Fujimori por presunto homicidio calificado, desaparición forzada de personas y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dijo Gabriela Uribe, portavoz del Poder Judicial.
Anteriormente, la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, denunció a Fujimori ante el Poder Judicial, luego que el Congreso aprobara acusarlo constitucionalmente por esos delitos, por los que de ser declarado culpable en Perú enfrentaría 25 años de cárcel.
Fujimori, que abandonó el país en noviembre del año pasado y renunció a la presidencia desde Tokio en medio de un escándalo de corrupción que comprometió su gobierno, goza actualmente de la nacionalidad japonesa que el gobierno nipón le concedió, y que impide su eventual extradición a Perú. Japón ha respondido a Perú reiteradas veces que sus leyes le impiden extraditar a ciudadanos japoneses.
Las autoridades peruanas están empeñadas en lograr que Fujimori responda a la justicia, por ello promovieron la apertura del proceso de Barrios Altos y La Cantuta, en la esperanza que el peso de los delitos imputados al ex presidente obligue a Japón a entregarlo a Perú.
El crimen de Barrios Altos ocurrió en 1991, cuando el comando paramilitar Colina ingresó a una fiesta popular para recaudar fondos, y acribilló a 15 personas señalándolas como terroristas. Un año después, el mismo comando secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
El ex mandatario afirma, a través de su página electrónica en Internet, que es víctima de "una grosera persecución política" y que al no haber podido las autoridades judiciales encontrarle delito por la posesión de cuentas millonarias, han "inventado" un proceso por delitos contra los derechos humanos.
Otras investigaciones a Fujimori por parte del legislativo buscan sus posibles vínculos con las actividades ilícitas de su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, así como presuntos delitos por enriquecimiento ilícito.