El Congreso venezolano otorgó anoche al presidente Hugo Chávez amplios poderes para gobernar por decreto en materia económica.
Chávez, quien lideró un fracasado golpe de estado hace siete años, había amenazado la semana anterior con declarar el estado de emergencia y suspender las garantías constitucionales si el Congreso no le otorgaba nuevos poderes.
En un debate que se prolongó hasta últimas horas de ayer los legisladores aprobaron de manera abrumadora la llamada "ley habilitante" solicitada por Chávez, evitando así una crisis constitucional.
"En términos generales, el presidente obtuvo la mayor parte de lo que pidió. Espero ahora que asuma sus responsabilidades", dijo Henrique Capriles, presidente de la Cámara de Diputados.
La autorización se concretó luego de un intenso debate de varias horas en el cual los congresistas debatieron los alcances de la autorización pedida por el presidente para imponer nuevos impuestos, solicitar nuevos endeudamientos externos e internos, refinanciar la deuda externa y reestructurar el estado.
El diputado Omar Barboza, del partido de oposición Acción Democrática, dijo durante su intervención que su partido había decidido darle los poderes especiales al presidente "porque la situación del país lo exigía" y no por presiones del gobierno.
"El clima ha mejorado. Se abrió un espacio para la discusión", expresó el diputado refiriéndose a la desafiante posición adoptada por Chávez en sus relaciones con la legislatura.
Chávez asumió el gobierno con un déficit financiero de 8.000 millones de dólares, que se generó como consecuencia de la caída de los ingresos petroleros.
Para hacer frente a la crisis económica el gobierno presentó el 17 de febrero una ley habilitante que incluía un paquete de leyes económicas tales como el impuesto al débito bancario, el impuesto al valor agregado, la reforma del impuesto sobre la renta, el refinanciamiento de la deuda externa y la autorización para nuevos endeudamientos externos con emisiones de bonos.
El Congreso aprobó el 27 de marzo parte del paquete de leyes planteadas por el gobierno, pero rechazó las leyes sobre refinanciamiento de la deuda externa, solicitudes para nuevos endeudamientos externos y créditos públicos, y las leyes de hidrocarburos y seguridad social.
Los congresistas objetaron parte de las leyes argumentando que el gobierno no dio las explicaciones necesarias.
El 6 de abril el presidente se enfrentó al Congreso por la ley habilitante, y amenazó a los congresistas con que apoyaría la disolución del Congreso y declararía un estado de emergencia si no le autorizaban todas las medidas que estaba exigiendo para enfrentar la crisis económica.
La diputado Mireya Rodríguez, del partido de oposición Proyecto Venezuela, dijo, en su intervención en la cámara, que su partido apoyaría la ley habilitante, pero advirtió que "las medidas económicas que impondrá el gobierno por la vía de la ley habilitante intensificarán la recesión y el desempleo".
El senador Carlos Canache Mata, presidente de Acción Democrática, declaró a The Associated Press que los congresistas autorizaron al presidente para imponer los nuevos impuestos y solicitar nuevos endeudamientos externo, pero rechazaron las leyes de hidrocarburos y seguridad social.
El congresista descartó que el presidente haya logrado un triunfo político con la aprobación de ley habilitante, y sostuvo que "el presidente tuvo que dar marcha atrás y aceptar las observaciones del Congreso". Rodríguez, explicó a la
