La organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negó ayer que sea un grupo narcotraficante o terrorista, como denunció Estados Unidos, y reiteró su disposición a responder ante tribunales nacionales e internacionales.
Los 13 integrantes del mando de las AUC rechazan la acusación de EU en una carta enviada a la embajadora estadounidense en Bogotá, Anne Patterson, publicada en la página de internet de esa organización ultraderechista.
La embajadora dijo el miércoles que su país tiene interés en solicitar la extradición de guerrilleros de las Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de las AUC, grupos que ha incluido en su lista de terroristas, por considerarlos narcotraficantes.
Patterson dijo un día después que esas tres organizaciones pueden ser afectadas por la nueva estrategia contra el terrorismo adoptada por EU tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y las comparó con el principal acusado de esos ataques, Osama bin Laden, "por su cinismo".
Las AUC reconocen en su misiva "el derecho de legítima defensa del pueblo estadounidense ante las amenazas terroristas contra sus intereses en el mundo entero", y admiten que "el problema del narcotráfico trasciende las fronteras nacionales y se ha convertido en un peligro para la humanidad".
Sin embargo, puntualizan que "hemos manifestado en todo momento nuestra disposición para responder, ante los tribunales nacionales o internacionales, por las acusaciones que se nos imputan".
"Rechazamos, no practicamos e impedimos en todo momento las acciones terroristas o indiscriminadas como método de guerra", señalan los paramilitares en el documento, firmado por Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, entre otros líderes.
Las AUC aseguran que la actividad personal de sus miembros en ningún momento puede involucrar a la organización, la cual no participa, de ninguna manera, en actividades delictivas como lo es el narcotráfico".
Asimismo, las AUC expresan su "preocupación por las implicaciones de nuestra respuesta armada sobre la situación de Derechos Humanos del pueblo colombiano", y señalan que han buscado un acuerdo, que resultó infructuoso, entre los actores del conflicto armado para disminuir sus rigores.
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