El Parlamento cubano continuó ayer una decidida vuelta de tuerca al delito en la isla, que supone el endurecimiento y ampliación del Código Penal, con sanciones que incluyen cadena perpetua y pena de muerte, para casos extremos.
La Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada de manera extraordinaria por el presidente Fidel Castro, analiza desde la víspera la inclusión de nuevos delitos, como tráfico de personas y lavado de dinero, así como condenas más fuertes para otras, como robo, corrupción de menores, proxenetismo y tráfico de drogas.
La condena máxima de cárcel en Cuba era hasta el presente de 20 años, y 30 años como sucedánea de la pena de muerte, cuando el Consejo de Estado concede perdón a una persona.
Los 562 diputados presentes analizaron las modificaciones propuestas, con una única voz discordante en el usualmente monolítico Parlamento cubano, la del pastor evángelico Raúl Suárez.
Suárez, quien reconoció su tradicional coincidencia con lo discutido en el Parlamento, dijo que esta vez no podía coincidir con la petición de pena de muerte para castigar algunos delitos, debido a sus convicciones cristianas. La manifestación fue catalogada como "valiente" por Castro, quien
Intervino en varias ocasiones para reforzar muchas de las propuestas, provenientes de su propia iniciativa, hechas públicas el 5 de enero pasado.
Según el diario oficial Granma, la Asamblea examinó ayer los cambios referidos al proxenetismo, trata de personas, corrupción de menores, hurto, sustracción de vehículos, robo con fuerza y lavado de dinero.
Coincidentemente con la sesión extraordinaria de la Asamblea, el Tribunal Supremo Popular inició ayer el juicio contra dos cubanos condenados a muerte hace tres semanas por el Tribunal Provincial de La Habana, al encontrarlos culpables del asesinato de unos turistas italianos.
Además de las modificaciones del Código Penal, el Parlamento deberá abordarla aprobación del proyecto de ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, un fuerte apretón contra la oposición activa al Gobierno.
La ley responde a varias medidas aprobadas por la Administración norteamericana dirigidos a la financiación de la oposición interna en Cuba, y estipula condenas de hasta 30 años de cárcel, multas de hasta 100.000 pesos y la sanción accesoria de confiscación de bienes.
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