La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados presentó ayer al Ministerio Público un pedido para juzgar al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner, asilado en Brasil, informó el abogado Tarciso Dal Maso, autor del recurso.
La Comisión de Derechos Humanos quiere que la justicia brasileña dictamine sobre la legalidad del asilo político del ex dictador, concedido por las autoridades después de su derrocamiento el 3 de febrero de 1989 por el entonces general Lino Oviedo.
La acusación asegura que el asilo de Stroessner, que vive en Brasilia y es acusado de crímenes de lesa humanidad, es incompatible con la Constitución brasileña, aunque ello no será óbice para que se le pueda juzgar en Brasil, aseguró.
"La representación parte del entendimiento jurídico de que el asilo político obtenido en Brasil no exime a Stroessner de procesos por los crímenes de lesa humanidad practicados entre 1954 y 1989", periodo que gobernó con mano de hierro.
El abogado, director del Centro de Protección Internacional de los Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional, aseguró que aunque ello no significa que se vaya a pedir la revocación del estatuto de asilado político, que tampoco será óbice para que se le juzgue por crímenes de genocidio, desaparición forzosa y torturas.
El ex dictador, de 88 años, puede ser juzgado en Brasil por genocidio sobre la base del tratado de las Naciones Unidas sobre Tortura y las Convenciones de Ginebra al considerar que existía un plan de exterminación de los opositores.
Por último si el Ministerio Público decide tramitar la solicitud del Parlamento, de una treintena de páginas, Stroessner tendrá que responder por el crimen de desapariciones forzadas, un crimen permanente que no prescribe, incluso si el autor se encuentra asilado en otro país.
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