Un congresista argentino que afirmó ser víctima de espionaje por militares presuntamente vinculados al robo de bebés dijo ayer que aparentemente hubo personal judicial envuelto en la maniobra ilegal.
Humberto Roggero, jefe del bloque oficialista en la Cámara Baja, agregó que el móvil de las interferencias a su teléfono del Congreso y el seguimiento que le hicieron podrían deberse a varias razones, incluyendo el robo de bebés, su posición en torno a una ley de patentes o la simple venta de información.
"Hay fuertes sospechas de que es así", respondió a una radioemisora Roggero, del partido peronista del presidente Carlos Menem, al ser consultado si entre los involucrados en las tareas de espionaje hubo un funcionario del despacho del juez federal Ricardo Bustos Fierro.
El funcionario es uno de los presuntos responsables, aunque "todavía no está terminada la investigación judicial", añadió.
La interferencia a su teléfono en el Congreso, que Roggero descubrió accidentalmente, aparentemente duró varios meses. Bustos Fierro es uno de los jueces que investiga el robo de criaturas durante la dictadura de 1976-83, en la que desaparecieron entre 15.000 y 30.000 personas.
Si bien tras el retorno a la democracia los jefes militares fueron juzgados y condenados por abusos a los derechos humanos, una serie de amnistías y perdones los dejaron en libertad.
Pero la dispensa no cubrió el robo de bebés y actualmente una decena de ellos, incluyendo al ex general Jorge Videla, al ex almirante Emilio Massera y al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, están detenidos por esa causa.
Roggero pidió el año pasado que se investigara a los militares en Río Tercero, en la provincia central de Córdoba de la que es oriundo.
La jueza Cristina Garzón de Lascano indaga desde hace dos meses el destacamento de Inteligencia del ejército en Córdoba, donde descubrió que un grupo de militares realizaba tareas de espionaje para averiguar datos sobre el robo de criaturas.
Varios militares fueron destituidos tras comprobarse que estaban involucrados en las maniobras de espionaje.
Pero Roggero, quien el martes a la noche se reunió con el jefe del ejército, el general Martín Balza, dijo que no sospechaba de la fuerza como institución sino de "grupos nostálgicos de la dictadura militar".
Uno de sus asesores dijo que los militares y aparentemente también civiles que se dedicaban a espiar a Roggero y a otros políticos podrían haber utilizado los datos con varios fines.
"Los mismos que buscaban información sobre la investigación del robo de bebés podían venderla a cualquier otro interesado", dijo a Reuters el colaborador, que pidió el anonimato.
El martes, cuando estalló el escándalo, el gobierno de Menem prometió una completa investigación.
"Hace un mes o un mes y medio vinieron a arreglarme los teléfonos a mi despacho en el Congreso y descubrieron que estaban "pinchados" (interferidos). Al poco tiempo supe que también tenía micrófonos ocultos", dijo Roggero.
El diputado no estableció en ese momento un nexo entre las escuchas, los seguimientos y el ejército. Pero ató cabos tras enterarse el sábado de que Garzón de Lascano había hallado documentos sobre Roggero al allanar oficinas militares.
Roggero fue detenido por los militares que tomaron el poder en 1976 y durante los dos años que estuvo preso perdió un pulmón por los maltratos a que fue sometido.
Parientes de desaparecidos documentaron centenares de casos de bebés nacidos en cautiverio que eran mayormente anotados como propios por familias de militares. Por lo general sus madres "desaparecían" tras dar a luz en cárceles clandestinas.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo formado con el fin de recuperar a sus nietos, lograron reintegrar más de 60 adolescentes y jóvenes a sus verdaderas familias.
