Los peruanos se encontraban ayer a la expectativa de la destitución del polémico asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y de la disolución de su aparato de seguridad, prometidas por el acosado gobierno del presidente Alberto Fujimori.
Ambas posibilidades quedaron abiertas en la noche del viernes cuando el gobierno se comprometió a sacar de su cargo a Montesinos en un plazo de tres días y simultáneamente envió al Congreso un proyecto de ley para disolver en 15 días el Servicio de Inteligencia Nacional, en manos del estrecho colaborador de Fujimori.
"La investigación y juzgamiento de Montesinos es una condición ética para que el Perú ingrese de una vez por todas a la fase de democratización", declaró a la prensa Jorge Santistevan, a cargo de la Defensoría del Pueblo, organismo estatal autónomo encargado de la defensa de los derechos ciudadanos.
Hasta ahora se desconoce el paradero de Montesinos, aunque Fujimori y otras autoridades señalaron que permanecía en Lima. Versiones periodísticas han advertido que podría abandonar el país y están demandando medidas judiciales para impedirlo y acusan al gobierno de ampararlo.
"Existe la figura de complicidad y con responsabilidad por parte del gobierno detrás de la demora en la destitución de Montesinos", dijo el constitucionalista Pedro Planas.
Los opositores acusan a Fujimori de encubrir a Montesinos y por ello han intensificado sus demandas para que deje el mando, aunque algunos opinan que ello contribuiría a agravar la crisis.
"Por la estabilidad política, el presidente Fujimori debe continuar hasta que convoque a nuevas elecciones y debe ser él el encargado de transferir al mando al nuevo presidente de la República", señaló Ernesto Gamarra, diputado del opositor partido Frente Independiente Moralizador.
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