El Departamento de Justicia de EU y el padre del niño cubano Elián González pidieron ayer al pleno del Tribunal de Apelaciones de Atlanta que desestime la revisión del caso de asilo político del menor pedida por los familiares de Miami.
Al cumplir, por separado, con el plazo otorgado por los jueces para la presentación de alegatos en el caso, los abogados del Departamento de Justicia y de Juan Miguel González indicaron que ya es tiempo de poner fin a esta controversia judicial.
Los asesores legales del Gobierno y del padre de Elián consideran que es inevitable que los tribunales sigan validando la teoría del Servicio de Inmigración (INS) de que tenían que tramitar la solicitud de asilo político firmada por el niño de seis años.
"Detrás de esta petición (del tío abuelo del niño) Lázaro González lo que realmente está es prolongar lo más posible la estancia de Elián González en este país", indican los abogados de Juan Miguel en el documento presentado ante el foro judicial.
El Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta, que tiene jurisdicción sobre los casos federales de Florida, había dado hasta ayer al Departamento de Justicia y a Juan Miguel González para argumentar por qué sus 12 jueces deben o no revisar el caso del menor cubano.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Atlanta desestimó por unanimidad el pasado 1 de junio la petición de los familiares del menor para que se obligara al INS a conceder una audiencia en la que se tramitara la solicitud de asilo político.
Pero, los familiares de Miami del niño, encabezados por Lázaro González, pidieron una revisión del caso ante los 12 jueces del Tribunal de Apelaciones de Atlanta, lo que sería el último paso antes de acudir al Tribunal Supremo.
Los abogados de Juan Miguel insisten en que cada día en que el menor y su padre son obligados a permanecer en EU, es "otro día en que se interfiere" con su capacidad para criar a su hijo.
Previamente, el Departamento de Justicia sostuvo que los tres jueces de apelaciones decidieron correctamente al determinar que el INS actuó razonablemente al rechazar la tramitación de la solicitud de asilo político para el menor.
El Departamento de Justicia de EU considera que no hay pruebas de que los derechos del niño hayan sido violados en Cuba ni que él tenga miedo de ser perseguido en el caso de que regrese.
