Una veintena de organizaciones políticas venezolanas y otro tanto de la sociedad civil se enfrentan con el partido gubernamental por su exigencia de la destitución inmediata de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), tres días después del aplazamiento de los comicios..
Los partidos políticos y representantes de asociaciones civiles insistieron en que sean cesadas las autoridades electorales responsables del "desastre" que ha hecho perder al país varios miles de millones de dólares y ocasionado una crisis política-electoral.
Mientras tanto, el oficialista Movimiento Quinta República (MVR) trata de calmar los ánimos, y argumenta que la única salida a esta crisis es la renuncia de sus miembros y no la destitución, en un último intento por salvar la responsabilidad del Gobierno.
Omar Meza, dirigente del MVR, defendió que la directiva del CNE continúe en sus cargos, al alegar que la destitución de las autoridades electorales causará un virtual retraso extremo de los comicios hasta noviembre o diciembre.
Pero las organizaciones de la sociedad civil se consideraron "burladas" por el MVR y por el presidente de la Comisión Legislativa Nacional (CNL), el octogenario líder comunista Luis Miquilena, quien las convocó a una reunión para la mañana del domingo con objeto supuestamente de escuchar sus planteamientos pero él no apareció por la sede del Palacio Legislativo venezolano.
Por esa razón, las organizaciones civiles han pedido que sea el presidente del país y candidato a la reelección, Hugo Chávez, quien les atienda en los próximos días, reunión en la que pretenden buscar una pronta salida a la situación actual.
En esa cita, las organizaciones civiles exigirán a Chávez que sean destituidas tanto las autoridades del CNE como las de la Comisión Legislativa Nacional (CNL), por considerar a estas últimas ilegitimas y parciales.
Esa solicitud se fundamenta en que los miembros del llamado "Congresillo" no han sido elegidos por votación sino nombrados "a dedo" por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para llenar transitoriamente un hueco parlamentario causado por ésta cuando a mediados de 1999 decretó, con poderes plenipotenciarios, el cese de funciones de un Congreso elegido menos de un año antes.
