El general Augusto Pinochet arriesga ser despojado de su inmunidad legislativa y enfrentar un proceso del que sólo lo salvaría su supuesta demencia.
Después de escuchar durante dos días alegatos que perseguían demostrar la responsabilidad de Pinochet en el secuestro de 19 opositores a manos de una misión militar en 1973, la Corte de Apelaciones se reunirá esta semana para decidir el futuro procesal del ex dictador.
Pero antes de decidir, los 22 jueces del pleno pueden dilatar el fallo y, en este punto del llamado ante juicio de desafuero, aceptar las reiteradas peticiones de la defensa del senador y ordenar exámenes médicos para ratificar el supuesto deterioro físico y mental que afecta a Pinochet, según sus cercanos.
Algunos querellantes creen que la Corte tiene una salida salomónica que consistiría en desaforarlo y, simultáneamente, instruir al juez Juan Guzmán, que instruye 94 querellas criminales en su contra, para que ordene los exámenes médicos y compruebe el estado de salud del senador.
La defensa del anciano general retirado alegó también que su cliente no tiene un debido proceso porque no conoce los cargos en su contra y no pudo instruir a sus abogados porque "sus médicos no lo permiten por motivos de salud", según el jurista Ricardo Rivadeneira. Pero los únicos motivos de salud que acepta la legislación chilena para eximir a algún inculpado de ser juzgado es la demencia.
