El ex dictador chileno Augusto Pinochet declarará ante un juez como inculpado por crímenes durante su régimen, tras someterse a pruebas médicas desde hoy, dijeron sus abogados y familiares.
El juez Juan Guzmán, que tiene en sus manos más de 200 querellas contra el general retirado, resolvió el lunes postergar el interrogatorio para el 15 de enero, luego de exámenes mentales que definan si está en condiciones de enfrentar un juicio.
"Tendrá que someterse a los exámenes, ya que eso es así", dijo el martes Marco Antonio Pinochet, hijo del anciano ex dictador, que también confirmó que el retirado general accederá a ser interrogado por el juez.
"La ley lo dice y tendrá que ser así. La ley lo obliga, espero que el juez Guzmán tenga los antecedentes de los exámenes en su poder para resolver si interroga a mi padre. Si no es así volveremos a un juicio político", agregó.
La resolución de Guzmán, que ordenó por segunda vez pruebas siquiátricas y neurológicas a Pinochet, especificó que éstas se realizarán en un hospital militar de Santiago entre el miércoles y el sábado.
"Aconsejado por los abogados que fueron malos consejeros, el general no concurrió a la clínica (el sábado pasado) y a raíz de eso fijé, como hubiese hecho con cualquier otra persona, un nuevo plazo", dijo Guzmán a la televisora Chilevisión.
El sorpresivo giro del juez se produjo justo el día en que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó que el interrogatorio debía hacerse el martes, como lo fijara Guzmán en primera instancia, en un trámite previo a su eventual procesamiento.
"Aún mantengo la idea de que luego de la declaración indagatoria (...) Pinochet sea declarado reo", comentó el abogado querellante, Eduardo Contreras.
La declaración indagatoria debía realizarse originalmente una vez que Pinochet fuera sometido a pruebas mentales el fin de semana pasado, a las que no concurrió, lo que fue interpretado como un desacato a las resoluciones judiciales.
NOMBRAN JUECES ESPECIALES PARA BUSCAR DESAPARECIDOS
La Corte Suprema de Justicia chilena designó ayer a dos jueces especiales que investigarán datos aportados por militares sobre el paradero de detenidos desaparecidos en los alrededores de la capital.
Los datos provienen de un informe dado a conocer por el presidente Ricardo Lagos el domingo, en el que se establece el destino de unas 200 personas que fueron asesinadas y hechas desaparecer por agentes del estado durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
"Se nombraron ministros para que se encarguen de verificar la efectividad de esos hechos", dijo a la prensa el integrante de la Corte Suprema, juez José Benquis.
Familiares de las víctimas han manifestado su dolor y decepción ante la información entregada, dado que existen contradicciones entre los procesos judiciales abiertos por esos casos y los datos aportados por las fuerzas armadas.
"Es una burla, una mentira, una falta de respeto", dijo el lunes la abogada Carmen Hertz, viuda de un desaparecido y querellante en uno de los múltiples juicios a Pinochet.
Los ministros en visita que nominó el máximo tribunal chileno deberán establecer certeza respecto a la muerte de 26 personas, supuestamente enterradas de forma ilegal en dos fosas comunes.
