El gobierno de Argentina, un país cuya población está mayoritariamente integrada por descendientes de inmigrantes, está decidido a endurecer las leyes sobre los residentes extranjeros, en particular sudamericanos, en momentos en que se extiende la preocupación por la inseguridad y la desocupación.
El presidente argentino, Carlos Menem, cuyos padres eran de origen sirio, defendió este miércoles un proyecto que los portavoces gubernamentales consideran de "protección" a los residentes ilegales y que, según el diario La Nación, plantea entre otros puntos expulsarlos cuando cometan un delito que supere los dos años de prisión.
En declaraciones a Radio 10 y en medio de una polémica con los detractores de la iniciativa que la califican de "xenófoba", Menem sostuvo que no sólo los delincuentes delinquen, "también llegan indocumentados de nuestro continente".
A su vez, el ministro del Interior, Carlos Corach, afirmó a periodistas en las puertas de su domicilio que el proyecto "no está destinado a castigar a los inmigrantes que vienen a trabajar al país de acuerdo con las normas legales, sino que está destinado a impedir el ingreso de manera ilegal".
Indicó que "castiga a quienes los introducen, es decir, a las mafias que además los inician en el delito dándoles documentación falsa". Corach anunció que también serán penados "los empleadores que los explotan y los tienen a veces en condiciones infrahumanas".
El director nacional de Migraciones, Hugo Franco, indicó que en Buenos Aires "se extranjerizó" la comisión de delitos menores. En la capital argentina el 60% de los ilícitos de este tipo son cometidos por inmigrantes,según el responsable.
Atribuyó esa cifra en declaraciones radiales, a "una información muy fidedigna" en poder de la Policía Federal.
A su vez, el cónsul general de Paraguay en Argentina, Víctor Peña Bareiro, dijo ayer a la
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