En su mensaje a la Nación el Sr. Presidente nos sugiere que la Propuesta para el ensanche del Canal, ya fue presentada al Órgano Ejecutivo. Pero vamos a decir las cosas como son: "El Ejecutivo se lo entregó al propio Ejecutivo", porque la ACP y su Junta Directiva, son de hecho parte del Ejecutivo, toda vez que el Presidente de la Junta Directiva del Canal, además de Ministro de Economía y Finanzas, es a la vez Ministro de Estado para Asuntos del Canal. (Art.318). Luego aflora una maniobra de comodín y astucia política para esquivar la norma constitucional contra el "absolutismo" y abuso del poder de los gobernantes sobre el Soberano para despojarlo de sus beneficios del Canal. No cabe duda que el gobierno con el control mayoritario de la Asamblea, logrará en un abrir y cerrar de ojos la aprobación de este armatoste de unas seis mil páginas, sin ser sometido al análisis y prueba de un verdadero laboratorio parlamentario de debate, reflexión e ideas. Nunca antes de 90 días hábiles, (Art.325), todos deberíamos acudir con solemnidad patriótica al "Referéndum Popular" que obliga nuestra Constitución. Vale invitar a la reflexión a la conciencia nacional, y mediten que es precisamente en esta consulta democrática con el Soberano, donde radica nuestra "última trinchera constitucional" y oportunidad para detener y hacer rectificar a la maquinaria gubernamental que derrocha ansias por el "SÍ a Secas". Los panameños somos despiertos y de buena escolaridad, por lo tanto, sabemos que en ingeniería todo lo que proyectan y diseñan los profesionales es realizable. En consecuencia, para el pueblo no son importantes las especificaciones técnicas tales como: el calado de las nuevas esclusas o si las compuertas son deslizables y no de bisagras. Esa información técnica aunque importante, no es lo trascendental para definir en el referéndum, además el soberano no puede asimilar tanta información técnica de seis mil páginas en tan corto tiempo. De manera tal que la consulta que el Soberano merece (y es precisamente lo que nos interesa) debe centrarse, exclusivamente en "Lo Económico". En otras palabras, el Pueblo espera se le confirme el derecho consagrado en la Constitución de definir el destino de su Canal. Ahí radica el dilema coyuntural y precisamente en ese punto debe enfocarse la consulta del próximo Referéndum. En consecuencia, se me ocurre como un gesto fino y conciliador del Sr. Presidente, ofrecer al Soberano la oportunidad de tener a su alcance para dicho acontecimiento, un instrumento de consulta que satisfaga a todos y con perfume a esperanzas; sin veda o freno al derecho a pensar, disentir y reflexionar antes de emitir en las urnas nuestra voluntad responsable y patriótica. Por considerar que el tema del Canal es de sagrada trascendencia histórica, los panameños esperamos que el gobierno no pretenda someternos ante un modelo de Referéndum que en realidad resulte al final, "una camisa de fuerza" ó maniobra de engaño y despojo de los dominios y derechos del pueblo sobre su Canal. Ese día del Referéndum debería ser mas bien un día de reflexión patriótica, inmersos todos en un ambiente de recordación luctuosa y nostálgica, en homenaje póstumo de reconocimiento a "nuestros bravos jóvenes" por aquél despliegue de coraje y "devoción con garras", durante los dolorosos sucesos de aquél 9 de Enero de 1964; cuando medio centenar de juventud mártir se inmoló y sacrificó en un bello gesto de idealismo patriótico. ¡Que nadie se llame a engaños!, fue con la sangre derramada de estos patriotas humildes todos de las clases populares, que se firmaron los Tratado "Torrijos-Carter". Omar Torrijos fue quien así mas lo reconociera con sus mensajes "La Lucha de Relevos Generacionales". Luego entonces que sirva nuestro voto ese día del Referéndum, para indicar a nuestros gobernantes que la riqueza que genera la operación de nuestro Canal, debe servir para financiar un "Programa o Estrategia para el Desarrollo Nacional para los próximos 30 años", (el que inexplicablemente no existe) y no desviar nuestros ahorros para invertir o pagar otro negocio que beneficiarán con ventajas a una casta de privilegiados criollos, entre ellos algunos altos funcionarios y a la vez accionistas de la empresa que de seguro obtendrá los principales contratos millonarios de excavación y movimiento de tierra, me refiero a la Constructora Urbana SA. (CUSA)
El ingreso y la permanencia ilegal de numerosos ciudadanos colombianos y chinos, que en el caso de estos últimos, pueden estar relacionados con el delito internacional de tráfico de personas.
El aumento de la explotación de la prostitución, actividad lucrativa que puede involucrar el delito de trata de personas, del cual se calcula que en el mundo existen anualmente hasta cuatro millones de personas tratadas. A nivel mundial, ambos delitos (tráfico de personas y trata de personas) producen ingresos de doce billones de dólares anuales. No olvidemos que la trata de personas, cuando se utiliza para la prostitución, constituye una explotación de la persona y no un trabajo, supuestamente bien remunerado.
El desplazamiento de la mano de obra nacional por ciudadanos provenientes de paises hermanos, quienes son objeto frecuente de abusos.
La falta de interés por parte de nuestros nacionales, para desarrollar oficios, tales como los vinculados a labores domésticas y otros considerados de menor categoría, frente a la oferta no nacional.
La limitada mano de obra panameña en oficios que requieren cierto grado de experticia y la foránea, para los mismos oficios.
La necesidad de atraer inversiones extranjeras y promover la inversión local, con el propósito de disminuir los índices de desempleo y afianzar el desarrollo humano integral.La definición de polos de interés turístico, donde se guarde respeto a nuestra idiosincrasia y a las normas internacionalmente aceptadas de protección al medio ambiente, por ser una actividad que también atrae mano de obra del exterior e inversiones.
El establecimiento de acuerdos con los gobiernos de Colombia y China, entre otros, a fin de lograr el control efectivo de la inmigración ilegal o irregular que proviene de esos paises.
La aplicación de controles de ingreso y egreso de menores de edad.
El desafío de lograr que la migración laboral sea la más destacada, de tal forma que combinemos migración y desarrollo, ya que los conocimientos de los inmigrantes con una profesión u oficio, deben ser aprovechados en beneficio de todos los habitantes.
Para la definición de nuestra política migratoria, sirven de orientación, entre otros, los principios generales del Derecho Migratorio, así como los lineamientos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), la Iniciativa de Berna, el Proceso Puebla y diversos acuerdos internacionales, como los siguientes:El Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, que entró en vigencia en 1976.
La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores y Miembros de sus Familias, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 45 sesión del 18 de diciembre de 1990.
La Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, en vigor desde el 6 de junio de 1960.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, vigente desde el 18 de julio de 1978.
La profesionalización del personal adscrito a la Dirección de Migración es un imperativo, para que la tarea migratoria logre sus objetivos fundamentales: controlar eficazmente los puestos de entrada a nuestro territorio, registrar a cada extranjero que ingresa y permanece en Panamá e integrar a los extranjeros que deseen vivir con nosotros a nuestros planes de desarrollo nacional.
No se tendrá un personal profesional en Migración, si cada cinco años éste se cambia debido a una sucesión presidencial. Para evitar esa práctica, hay que darle instrucción constante al personal sobre las labores migratorias, aunque primero hay que diseñar un programa de selección de talento humano, que aplique concursos de plaza, para acceder a la planilla. Esto supone que los salarios deben ser acordes con las exigencias del puesto.
Otro objetivo indispensable es la prestación eficiente del servicio migratorio. Por ejemplo, todo visitante temporal que venga a trabajar a Panamá, debe obtener su Permiso de Trabajo en veinte días hábiles y la solicitud de su Permiso de Residencia debe poder elevarse de manera simultánea a la de su Permiso de Trabajo, de tal forma que, al cabo de sesenta días hábiles, como máximo, el visitante temporal tenga concedida o negada sus peticiones. Pienso que lo ideal sería que el visitante temporal que venga a trabajar, eleve su petición (la del Permiso de Trabajo y la del Permiso de Residencia Temporal) en una sola cuerda ante la Dirección de Migración. Suiza, por ejemplo, tiene este sistema único. En todo caso, mientras rija el Código de Trabajo que tenemos, es indispensable que el Ministerio de Trabajo y el de Gobierno logren acuerdos que hagan expedita la tramitación de los permisos mencionados.
La política migratoria exige adoptar reglas que se apliquen con cierto grado de maniobra, por los encargados de aplicarla, ya que siempre debe observarse la circunstancia particular. Me refiero a la facultad discrecional reglada, que debe formar parte de la Ley migratoria. Por ejemplo, frente a una norma que permite que el turista puede permanecer en Panamá hasta tres meses, el inspector de migración debe estar facultado para decidir el tiempo de visita que le autoriza al turista específico, luego de una breve entrevista. A su vez, la Dirección de Migración debe tener suficiente poder para aceptar o negar el Permiso de Residencia solicitado, en atención a razones de seguridad, de situación económica y de salud. Hay casos en que el solicitante puede sobrepasar la edad requerida, pero su estadía está garantizada por la condición socio económica que tiene el residente que lo respalda; por ejemplo, un hijo no estudiante, quien sobrepasa los veinticinco años de edad, pero que es dependiente de sus padres, porque padece una deficiencia mental.
Pienso que la regla general que debe aplicar un Estado frente a una solicitud de Permiso de Residencia, debe consistir en que el peticionario tenga medios económicos que le permitan cubrir sus necesidades, posea una profesión u oficio que le haga autosuficiente económicamente, que no constituya peligro para nuestra seguridad, ni una carga para el Estado y que goce de salud. Todo ello con respeto a los derechos humanos del inmigrante.
La actuación de los funcionarios del ente migratorio también hay que desarrollarla con transparencia, la cual es el mejor antídoto frente a posibles conflictos de intereses, afirmación difícil de entender en nuestro medio, donde se premia la actuación aparente (a través de interpósita persona) y se castiga la actuación de cara al sol. Además, la política migratoria debe realizarse con dignidad.. Ella está orientada a proteger nuestros intereses nacionales, siempre con respeto a los acuerdos migratorios de los que Panamá sea parte y siempre en cumplimiento a nuestra normativa migratoria. Observemos los casos de un turista y de un visitante temporal, quienes permanecen en nuestro territorio más allá del tiempo autorizado; a ambos hay que imponer las sanciones contempladas en el reglamento correspondiente y no permitir rebajas de multa, ni condonaciones de la deuda con el Estado, ya que esas prácticas incentivan la violación a la Ley. Tenemos que hacernos respetar, aplicando las leyes que nos hemos dado.
Si, por otra parte, autorizamos la permanencia de un turista, él o ella no puede dedicarse a actividades lucrativas o a trabajar. Lamentablemente, existen empresas que contratan personal que viene a laborar por un corto período y no solicitan Permiso de trabajo, ni la llamada Visa de Transeúnte. Nos corresponde tener la regulación que contemple esta realidad y facilite estas actividades, pagando los tributos establecidos.
Toda esta información destaca lo que hemos venido afirmando: la Dirección de Migración debe ser una institución que preste un servicio profesional. Su personal tiene que ser especializado, para que la función migratoria se desenvuelva adecuadamente. Esto exige estabilidad en el empleo y buenos salarios que le sirvan de incentivo, para que, con las herramientas adecuadas de trabajo, sea eficiente el servicio que preste.
Una institución migratoria fuerte afianzará nuestro estado de Derecho y robustecerá nuestra democracia, mientras que una débil traerá como consecuencia la informalidad institucional, con el consiguiente atraso en los servicios que debe brindar, la prestación de una función que dependerá de las simpatías o antipatías de algún funcionario, la presencia del tráfico de influencias (este es una forma de corrupción) y la aplicación incorrecta de la tarea migratoria. Nadie puede sentirse satisfecho con una institución débil, que además, tiene un papel importante en la seguridad ciudadana.
Nos interesa que los extranjeros que residan en nuestro suelo, se incorporen al desarrollo humano integral, por el que trabajamos. También, aquellos que deseen adquirir la nacionalidad panameña, porque quieren integrarse a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia. Sin embargo, no nos interesan aquellos que desean adquirirla como un medio para facilitar su traslado a otro país. Una enmienda constitucional se impone para evitar estos abusos.
Debemos desarrollar actividades que inviten a los extranjeros a incorporarse a nuestro país. Para ello, la Dirección de Migración, con la colaboración de distintos entes públicos y la empresa privada, deben desarrollar un programa de integración a lo nuestro. Este ilustraría a nuestros huéspedes sobre nuestra identidad, les diría quienes somos los panameños, cuál es el nosotros común que les invita a integrarse a nuestra Nación. No hay duda que este programa contribuirá a identificarnos mejor, ya que tendremos que empezar por nosotros mismos.
Soñemos con una institución migratoria que promueva el desarrollo humano integral, que tenga un Sistema Integrado de Migración capaz de llevar un registro confiable de cada extranjero que conviva con nosotros, temporal o permanentemente, que haga expedita la tramitación migratoria, que cuente con personal especializado, bien remunerado y suficiente para prestar un servicio que nos complazca a todos. Que el Gobierno Nacional adopte la Política Migratoria del Estado panameño y que todos nos reconozcamos en ella.. Convertir en realidad estos sueños le corresponde al Presidente de la República y a otros destacados funcionarios. Podemos apostar a que ¿sí se puede?
(*) ExDirector Nacional de Migración y abogado
