Una jueza de Quito procesó a los ex diputados María Eugenia Lima y Juan José Castelló, líderes del partido Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda), por la ocupación de la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante la crisis que se registró hace una semana en Ecuador, informó ayer un portavoz judicial.
El vocero, que pidió no ser identificado, explicó que Patlova Guerra, jueza duodécima penal de Quito, ordenó el procesamiento, sin orden de prisión preventiva, de Lima (también ex candidata presidencial en 1998), Castelló y Luis Muñoz, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales.
El portavoz dijo que la fiscal de Quito, Yolanda Paredes, acusó a Lima y Castelló de encabezar la ocupación de las instalaciones de la CSJ el pasado 21 de enero, durante la rebelión del movimiento indígena que, apoyada por coroneles insurrectos, originó el derrocamiento del entonces presidente constitucional, Jamil Mahuad, por un golpe militar.
Agregó que Muñoz, a su vez, supuestamente asumió el control del edificio de la CSJ después de que fue tomado y que apoyó a los rebeldes.
De otro lado, la fiscalía presentó ante la justicia una excitativa para que ordene la detención preventiva de Napoleón Saltos, ex legislador del movimiento político indígena Pachakutik, por su presunta participación en la alteración del orden constituido.
Entre tanto, el diario El Comercio de Quito (independiente) publicó el sábado una nómina de diez coroneles que están detenidos por sublevarse.Ninguna autoridad civil o militar ha suministrado información sobre el tema.
Esa lista incluye a los coroneles Lucio Gutiérrez, Fausto Cobo, Gustavo Lalama, Jorge Brito, Hugo Bonilla, Vicente Anda, Ciro Escobar, Mario Lascano, Guillermo Pacheco y Federico Gortaire.
El matutino agregó que también están detenidos el mayor Fausto Bravo, el capitán Sandino Torres y el suboficial Robayo.
Gutiérrez fue el primer coronel en respaldar a los indígenas cuando tomaron el Parlamento e incluso integró una Junta de Salvación Nacional con el líder aborigen Antonio Vargas y el ex magistrado Carlos Solórzano, la cual desconoció a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En los rápidos sucesos que se registraron entre el viernes 21 y el sábado temprano, esa Junta desapareció, al instaurarse un triunvirato con el general Carlos Mendoza, entonces ministro encargado de Defensa y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vargas y Solórzano.
Empero, Mendoza renunció al triunvirato, dándose paso a la sucesión presidencial de Gustavo Noboa, quien era vicepresidente de Mahuad.
Pacheco, a su vez, había pedido asilo político en el consulado de Venezuela en el puerto marítimo de Guayaquil, a 275 km al suroeste, y luego desistió para entregarse a sus superiores.
El ministro de Defensa, almirante en retiro Hugo Unda, dijo esta semana que "no permitiré la cacería de brujas" e indicó que "acusadores y acusados, en un ambiente democrático, tendrán la posibilidad de defenderse para llegar a establecer lo más justo".
El jefe del Comando Conjunto, general Telmo Saldoval, señaló, de su lado, "los coroneles tienen las garantías para defenderse (...) se cuidará que no exista ningún aspecto que atente contra su persona, ni su dignidad, ni sus procedimientos".
Un juez militar había dispuesto que se investigue a unos 300 oficiales tras la crisis institucional.
Aún está pendiente una excitativa que la Fiscal del Estado, Mariana Yépez, presentó ante el presidente de la CSJ, Galo Pico, para que se abra un proceso penal por atentar contra la seguridad interior contra Vargas y Solórzano, quienes al igual que Mendoza están libres.
Yépez planteó además el mismo juicio penal para los generales retirados Paco Moncayo y René Yandún, ex diputados del partido Izquierda Democrática (ID, socialdemócrata), según una resolución Parlamentaria.
El unicameral Congreso aceptó el pasado martes las renuncias que Moncayo y Yandún pusieron a disposición de sus electores cuando asistieron al hemiciclo legislativo ocupado por los indígenas y militares insurrectos.
El Código Penal civil establece que a quien "se alzare contra el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la República, deponer al Gobierno Constituido, impedir la reunión del Congreso o disolverlo, o provocar la guerra civil, será reprimido con reclusión mayor de cuatro a ocho años".
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