Nuevamente empieza a escucharse con insistencia el clamor de algunas individualidades que, a título de interlocutores del pueblo panameño, demandan la imperiosa necesidad de una Asamblea Constituyente.
En el diario El Universal (17-12-98) nos referimos a este tema dando nuestro punto de vista y haciendo un poco de docencia política al margen de las conceptualizaciones técnicas relativas a estos tópicos, como la que hizo recientemente el doctor Miguel A. Bernal en el tabloide El Siglo, del 8 de abril del presente año.
Resulta curioso que en esta ocasión sean los partidarios de la actual Presidenta los que estén propugnando por una medida que, de hacerse realidad, trastocaría todo el ordenamiento jurídico y político del país por los efectos que conlleva.
Es evidente que por la composición del actual gobierno y la dinámica de una Asamblea prácticamente en manos de la oposición, los animadores de una Asamblea Constituyente consideren oportuno desarticular un órgano que no permite caminar holgadamente a la actual inquilina del Palacio de las Garzas.
A decir de Simeón González (Revista Tareas: Enero-Abril del 2000 p.37) "la floración de AC o de simples procesos reformatorios de las constituciones se ha realizado con el afán de crear, donde no existió nunca, o de consolidar y recuperar la institucionalidad democrática".
Si bien esto en teoría parece lo ideal, la práctica ha demostrado una extrema fatalidad en los países que se han inclinado por esta opción ¡qué establece la expresión soberana del pueblo!
Un giro de cabeza retrospectivo y tomando como punto de referencia los paradigmas que enuncia el doctor González, como los de "Ecuador en 1979, Perú en 1980, Brasil en 1988, Colombia en 1991, Paraguay en 1992 y para cerrar el siglo, Venezuela en 1999", los mismos, a nuestro juicio, no representan ejemplos nada halagadores que debiesen seguir a pie juntillas.
Ni en Venezuela y mucho menos en Colombia, por citar dos ejemplos recientes, procesos que han sido seguidos muy de cerca por los panameños, estos jalones en la mayoría de los casos arbitrarios, han logrado equiparar una sociedad justa, donde la justicia y la equidad sean la norma predominante.
En Venezuela, el impredecible Chávez empieza a evidenciar signos de agotamiento y en Colombia, sería redundar sobre lo que ya todos sabemos: Tres poderes (Guerrilla, Paramilitates y Gobierno) se disputan la administración de una noble nación sin garantías de éxito, en medio de una guerra donde los que más pierden son las clases populares.
Las llamadas Constituyentes en consecuencia, no han sido puentes de oro para las emergentes democracias latinoamericanas. En el caso de Panamá, más que articular una opción para fortalecer intereses de un sector de la clase política en particular, lo prioritario debiese ser la conformación de una Agenda de Estado, donde la clase política en general y la sociedad civil, tengan participación y vocería para implementar soluciones dirigidas a las clases populares, en la esfera de lo económico y social, sin pasar por alto una refinición de la política educativa, que garantice una real y verdadera participación ciudadana.
