El chofer Víctor Barrios, único sobreviviente del atentado que costó la vida en marzo pasado al vicepresidente de Paraguay Luis María Argaña reapareció ayer y se presentó ante el Juzgado del Crimen a declarar, casi seis meses después del hecho.
Barrios ingresó en forma sorpresiva en el despacho del juez Jorge Bogarín, custodiado por una docena de policías fuertemente armados, "totalmente transformado, delgado, con barba tupida y el pelo teñido", relataron periodistas radiales.
Lo acompañaba el abogado Oscar Latorre, querellante de la familia del vicepresidente muerto a balazos por sicarios el 23 de marzo dentro de su automóvil.
El conductor del vehículo de Argaña se salvó milagrosamente y resultó con una herida leve, pero el vicepresidente y su guardaespaldas, Francisco Barrios, fueron acribillados.
Los criminales no tuvieron tiempo de rematar a Víctor Barrios que, empapado en sangre, abandonó su vehículo y se introdujo en una vivienda aledaña. Bogarín le había tomado declaración en el hospital estando convaleciente el mismo día del suceso y en esa oportunidad afirmó que los malvivientes se desplazaban en una camioneta 4x4.
Desde que ingresó al nosocomio, el Sanatorio Americano, no volvió a ser visto inclusive por sus familiares, según informaciones de la prensa local. El juez Bogarín lo convocó en cuatro oportunidades para ampliar su declaración y a principios de esta semana, emitió una resolución en la que le advertía que si no se presentaba hoy sería buscado y detenido para hacerlo.
Oscar Latorre, abogado de la familia Argaña, argumentó que la ausencia del testigo clave del crimen se debió a "razones de seguridad".
La familia incrimina directamente al ex general Lino Oviedo como autor intelectual del asesinato y señala como autores materiales a un guardaespaldas del ex militar, el teniente coronel Wladimiro Woroniecki y al delincuente Coco Villar.
Este último fue muerto en extrañas circunstancias hace tres meses por militares de la Guardia Presidencial que en número de aproximadamente 20, cercaron su vivienda y supuestamente le intimaron rendirse antes de eliminarlo.
Familiares de Woroniecki denunciaron a integrantes de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio pasado que los superiores y subordinados del militar en actividad son impedidos de declarar que en ocasión del crimen, el mismo se encontraba trabajando en su unidad, el Primer Cuerpo de Ejército.
La investigación del magnicidio se halla rodeada de misterio, remarcado por un sector de la prensa que cuestiona la aparición de otro supuesto testigo, Gumercindo Aguilar, quien afirma haber sido el cocinero de una reunión en la cual supuestamente Oviedo había ordenado el atentado.
Oviedo se encuentra asilado en Argentina y su extradición fue negada por Buenos Aires, lo que dio origen a un conflicto diplomático que aún no ha sido resuelto.
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