El gobierno argentino decidió relevar a los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (tribunal militar) tras declararse competente para instruir en causas por robo de menores durante la dictadura (1976-83), señaló ayer el diario bonarense Clarín.
El cotidiano, que cita fuentes oficiales, sostuvo que la resolución será firmada la semana próxima por el presidente Fernando de la Rúa, como reflejo del malestar que causó en el gobierno la intención del Consejo de tomar en sus manos los procesos por la sustracción de menores, que instruye la justicia federal (civil).
El Consejo aceptó el viernes un dictamen presentado por el fiscal general de ese organismo a raíz de una presentación de Florencio Varela, abogado del general (r) Santiago Riveros, quien en varias ocasiones intentó sortear un interrogatorio del juez federal Adolfo Bagnasco, a cargo de la causa por robo de bebés en el régimen militar, un delito que no prescribe.
