La poderosa Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela decretó ayer una reorganización de todos los poderes públicos, con lo que se dispone a intervenir o suspender desde el Congreso hasta los tribunales de justicia. Tras una maratónica sesión, la Asamblea, dominada en un 90 por ciento por seguidores del presidente Hugo Chávez, aprobó un decreto que abrirá paso a reformas sin precedentes en una de las más antiguas democracias de América latina, mientras se redacta una nueva constitución.
"En razón de la emergencia nacional existente en el país con anterioridad a la instalación de esta Asamblea, se declara la reorganización de todos los órganos del poder público", según el texto del decreto aprobado por mayoría absoluta.
La "emergencia nacional", que fue el asunto fundamental de la sesión de la ANC, afectará a "todo el territorio nacional y a todos los poderes públicos del Estado hasta que cese la situación que la motiva", según un borrador del decreto.
Vladimir Villegas, miembro oficialista de la ANC elegida el pasado 25 de julio, indicó a EFE que posteriormente cada rama del poder público (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) tendrá un decreto de emergencia complementario.
El asambleísta anticipó que los primeros decretos corresponden al Poder Judicial, que implica una revisión de la estructura de ese sector y la creación de un Alto Tribunal de Justicia, y otro de emergencia sindical y gremial.
La ANC, que se ha declarado "originaria" y "soberana" para destacar su supremacía sobre el resto de los poderes establecidos, justifica la "impostergable" aplicación de la medida debido a la "crisis social, cultural y económica" que ha empobrecido a una inmensa mayoría de venezolanos y ha invertido los valores referidos a la identidad nacional.
Con la medida, la ANC, que tiene hasta seis meses para redactar una nueva Carta Magna para el país, tendrá atribuciones para, además, transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una "democracia social y participativa".
Para afrontar la situación de "emergencia", la ANC decretó medidas sobre las consecuencias, funcionamiento y organización de los poderes públicos.
Aristóbulo Istúriz, segundo vicepresidente de la ANC, dominada por los seguidores del presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo a la emisora Radio Caracas que se buscaba el consenso para que el decreto "limite" las funciones del Congreso, el Poder Judicial que busca reestructurarlo en un trabajo paralelo al de la redacción de la nueva Carta Magna.
Istúriz aclaró que la "emergencia judicial" no implica de manera automática la desaparición de la Corte Suprema de Justicia, porque "con el enorme respaldo que hemos tenido" la ANC tratará de establecer mecanismos de coexistencia con los poderes, pero limitando sus funciones si es necesario.
"Si alguno de estos poderes públicos se convierte en un obstáculo, la Asamblea tomaría la decisión drástica de cerrar o liquidar esos poderes", advirtió Istúriz, del partido Patria para Todos (PPT), uno de los que apoya a Chávez en el Polo Patriótico.
Istúriz aseguró que el decreto de emergencia nacional "en ningún momento" hará peligrar las inversiones nacionales y extranjeras, ya que prevé un conjunto de normas y reglas que garanticen la seguridad jurídica.
La declaración de una "emergencia nacional" por parte de la ANC fue planteada la semana pasada, en la sesión de apertura, por Chávez, quien además puso su cargo a la disposición de esa cámara como señal de subordinación del Poder Ejecutivo a las decisiones que ella tome.
Chávez asumió el miércoles, por segunda vez en seis meses, la Presidencia de la República jurando su cargo ante la nueva Asamblea.
Sin embargo, expertos en materia constitucional consideran que la declaración de emergencia nacional podría compararse con un "golpe de Estado", porque no se apega a lo que dicta la Constitución de 1961, vigente hasta que entre en vigor la que redactará la ANC.
Por otro lado, el procurador general de la República, Javier Elechiguerra, señaló recientemente que la emergencia nacional no tiene nada extraordinario y de lo que se trata es de "relegitimar" y "poner orden" en el Poder Judicial, fundamentalmente.
