La decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela de reorganizar los poderes públicos acentuó la amenaza de disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, así como la remoción de gobernadores regionales, en nombre de una emergencia nacional no tipificada en el dispositivo.
"En razón de la emergencia nacional existente en el país con anterioridad a la instalación de esta Asamblea, se declara la reorganización de todos los órganos del Poder Público", tipifica el decreto constituyente expedido al jueves al cabo de un debate de más de ocho horas.
"La ANC decretará las medidas necesarias para enfrentar situaciones específicas de la reorganización y dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos del poder público que así considere, con el fin de recuperar el Estado de Derecho, la estabilidad y el orden necesario para reconstruir la República en el marco de los valores democráticos", agrega.
Con este decreto, la ANC se dotó oficialmente de carácter originario por emanar del pueblo, como propugna el presidente Hugo Chávez, para ostentar el poder supremo de la nación al que se subordinan los otros poderes constituidos (Presidencia, Congreso, Corte Suprema de Justicia).
Incluso, los constituyentes se arrogan la facultad para transformar el sindicalismo, intermitentemente acusado de corrupción, en especial la principal central obrera, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), cuya cúpula es dominada por el opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).
Observadores políticos y diplomáticos destacaron ayer los pasos de la ANC a contracorriente con el veredicto de la sala político administrativa de la Corte Suprema, que había indicado que, por ser convocada en el marco de la actual Constitución de 1961 que consagra la coexistencia de poderes, estos debían convivir, al menos, hasta que se apruebe la nueva Carta Magna.
Si la disolución de poderes se concreta tendrá lugar "un golpe de Estado técnico", sostienen adversarios del presidente Hugo Chávez, como el presidente de AD, Héctor Canache Mata, su ex asesor y constituyente Jorge Olavarría, y el también constituyente opositor Alberto Franceschi.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, reiteró que la ANC "de acuerdo con las bases que aprobamos, no fue (elegida) para generar un co-gobierno ni con el Poder Ejecutivo ni mucho menos con el Poder Judicial". "Digo que la Asamblea Nacional Constituyente no es para generar un co-gobierno o una co-administración. Personalmente lo he dicho varias veces. Esto es importante tenerlo en consideración, porque es lo que da estabilidad jurídica al país. Y no sólo al Poder Judicial, sino al Ejecutivo", remarcó.
El jurista oficialista y constituyente Hermann Escarrá, y la primera dama Marisabel de Chávez, también constituyente, figuran entre aquéllos que impulsaron la eliminación de la declaratoria de un Estado de Emergencia en Venezuela, para que no sea percibido por la comunidad internacional como un preámbulo para la suspensión de las garantías constitucionales en el país.
Esto había sido advertido por el jurista independiente, y también constituyente, Allan Brewer Carias.
Hasta ahora, el presidente Hugo Chávez mantiene su postura de que la ANC es "magnánima" y mantendrá los otros poderes, si no se oponen a su labor.
Chávez insta a los constituyentes (le son adeptos 123 de los 128 electos el 25 de julio, en tanto que los tres representantes indígenas también le son afines) a concluir la redacción de la Constitución hacia noviembre, mes en que la misma sería sometida a referéndum, para luego convocar, bajo su égida, elecciones legislativas, regionales, municipales y del poder judicial en diciembre.
El jefe de Estado, de 45 años, que puso simbólicamente la Presidencia a disposición de la ANC, fue ratificado en su cargo el miércoles por los asambleístas.
Con ello, en opinión de observadores, se puso en marcha una tácita "cohabitación" en Venezuela, al llegar Chávez a sus 200 días de gobierno.
Fuera del ámbito del Estado, la amenaza de reestructuración a fondo, incluso discutida abiertamente por los asambleístas, se cierne especialmente sobre la CTV - que administró un banco obrero quebrado en 1982 con pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares, que fue reabierto y volvió a quebrar-, constante blanco de acusaciones de corrupción.
Ante la amenaza de la reestructuración, el comité ejecutivo de la CTV, que domina la mayor parte de los sindicatos del Estado, declaró la noche del jueves "la movilización nacional" y su presidente, Federico Ramírez León, calificó la anunciada intervención como un atentado contra la libertad sindical. Aseveró que se trata de una maniobra para acallar los reclamos que van a producirse como consecuencia de la ola de despidos en la administración publica, producto de la reestructuración del Estado, anunciada por Chávez.
No obstante, asambleístas expresaban sus dudas en torno a una intervención abierta de la CTV para no irrespetar los acuerdos de Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la orilla empresarial, el jefe del gremio empresario, Vicente Brito, declaró: "elegimos a los asambleístas con el convencimiento de que se estaba creando un cuerpo para elaborar la nueva Constitución Nacional, no que estábamos promoviendo un cuerpo que iba a decretar emergencias, con facultades para intervenir distintas instituciones que no son públicas".
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