Las amenazas del presidente Hugo Chávez de disolver el congreso y decretar un estado de emergencia han agudizado la crisis interna en el país y amenazan con socavar la debilitada economía venezolana.
Las advertencias de Chávez llevaron ayer a Acción Democrática (AD), el principal partido de oposición a recurrir a la Organización de Estados Americanos para alertar sobre "el peligro que enfrentan el congreso y el poder judicial".
El senador de AD Timoteo Zambrano declaró ayer que "la situación de Venezuela en el plano institucional es dramática. Hemos enviado a secretario general de la OEA un comunicado alertándole del peligro que enfrentan los poderes constitucionales".
El congresista explicó que si el presidente desconoce los poderes la OEA podría suspender al país de la organización.
"Chávez está transgrediendo la constitución cuando amenaza con dar un golpe", dijo el congresista .
El presidente expresó el domingo que "no estoy dispuesto a seguirle el juego a los que tienen un juego macabro. Si yo hubiese querido dar un golpe de estado ya lo hubiera dado. Tengo todos los pasos listos y la mano en el botón para imponer el estado de emergencia".
Chávez, quien asumió el poder hace dos meses, es un teniente coronel retirado de 44 años que fue dado de baja hace siete años luego de haber liderizado un golpe de estado en febrero de 1992.
El enfrentamiento entre Ch vez y el congreso se radicalizó el 6 de abril cuando el mandatario devolvió a los legisladores una ley que le otorgaba poderes especiales, afirmando que la misma no le daba suficientes poderes para imponer medidas económicas que le permitirían enfrentar el déficit fiscal, de 8,000 millones de dólares.
El presidente argumentó que no aceptaría la llamada ley habilitante, aprobada por el congreso el 27 de marzo, porque le "limitaba" sus posibilidades de acción.
La tensión se intensificó el 8 de abril cuando el presidente amenazó con imponer un estado de emergencia que suspendería las garantías constitucionales, si el congreso no le otorgaba los poderes que exigía.
De acuerdo a lo que prevé la constitución, durante el estado de emergencia el presidente puede suspender garantías constitucionales con excepción de las que consagran el derecho a la vida, los atropellos físicos y morales contra los detenidos o aplicar condenas que superen el límite legal de 30 años.
El procurador general Javier Elechiguerra le restó importancia a la disputa, diciendo que "en âpocas de transición es normal la pugna. Tenemos una situación conflictiva, pero espero que sea productiva".
El diputado Henrique Capriles, vicepresidente del congreso, declaró ayer que "el presidente est tratando de desacreditar al congreso para después atropellarlo".
"Lamento que la posición del presidente no sea el diálogo... ", dijo Capriles.
Luis Soto, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Promoción de las Inversiones, expresó a The Associated Press que es imposible medir el impacto económico de los últimos anuncios del presidente, pero sostuvo que los inversionistas están a la espera de que el gobierno implemente rápidamente las nuevas medidas económicas.
Según las estadísticas del gobierno en los dos primeros meses de este año ingresaron al país nuevas inversiones extranjeras por 70 millones de dólares, mientras que para el mismo período del año pasado las inversiones foráneas alcanzaron a 1,250 millones de dólares.
Las cifras de la confederación venezolana de industrias señalan que entre enero y febrero de este año han quebrado unas 50 empresas medianas y pequeñas.
El gobierno informó que en Venezuela existen actualmente 1.,500,000 desempleados y 4,500,000 personas laborando en el sector informal de la economía (empleados domésticos y de calle).
La población venezolana alcanza 23,000,000 de habitantes. Más de la mitad de la población vive en pobreza.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
