Dadas las circunstancias actuales, voceros de diversos sectores y algunos ciudadanos en particular han hecho públicas sus manifestaciones de preocupación, de necesidad y a veces hasta de angustias, con relación a la cantidad y clase de hechos de violencia que están ocurriendo en nuestra sociedad.
Con frecuencia, la pregunta más planteada es ¿qué está haciendo el Gobierno? o ¿qué está haciendo la Policía Nacional para combatir la delincuencia? Frente a esta pregunta, las respuestas institucionales van dirigidas a lo puntual: más intervención policial, más persecución de los delitos, más coordinación entre los operadores de justicia. Estas medidas tal y como lo detalló el Presidente de la República, en su discurso del pasado 1 de marzo obedecen a circunstancias específicas de tiempo y lugar.
Las operaciones policiales, los procesos judiciales y los cumplimientos de sentencias son y deben ser mecanismos rutinarios de ejecución susceptibles de ser mejorados, tanto desde el punto de vista del factor humano, como desde el punto de vista del factor tecnológico y de la disponibilidad de infraestructura adecuada. Es decir, se trata de saber dónde, cuándo y cómo tener a disposición de los ciudadanos las unidades de policía, debidamente apoyadas por los recursos tecnológicos y la infraestructura necesaria. Pero hasta aquí, siempre se interviene después del delito, cuando ya el hecho violento o el hecho criminal ha sucedido y causado daño individual y social.
Existe otro ámbito de acción que merece tanta o mayor atención que la intervención, y es el único que puede garantizar que haya una efectiva disminución de la violencia y de los delitos. Se trata de la Prevención. Antes del hecho? Ciertamente el arranque de las acciones de prevención cuesta tanto o más en tiempo y esfuerzo que en términos económicos. Y ese costo aumenta en la medida en que el desespero o la ansiedad afecta a los ciudadanos que reclaman mayor seguridad. Por otra parte, a veces también resulta difícil explicar que deben dedicarse importantes sumas de dinero de los contribuyentes para hacer que no ocurran cosas, en momentos en que todo el mundo reclama que se deben corregir cosas.
A partir de la concepción de que una política de prevención de la violencia y la delincuencia está orientada a construir y mantener las condiciones de seguridad que permitan garantizar el disfrute de los derechos ciudadanos, el gobierno diseñó el Programa de Seguridad Integral (PROSI), como política que por primera vez plantea que la Seguridad Ciudadana sale del exclusivo ámbito policial y es abordada desde una perspectiva de política social de carácter multisectorial. Es decir, un conjunto de instituciones que antes no estaban o se sentían involucradas en tema de seguridad, ahora sí lo están.
El PROSI fue diseñado y planificado durante el año 2005. En septiembre de 2006 logra firmarse un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permite que veinticinco millones de balboas sean destinados como capital de inversión, durante cinco años, periodo considerado como su primera etapa. La ejecución del Programa se inicia en 2007. Y actualmente, en la fase inicial de desarrollo, ya presenta productos.
El objetivo general del PROSI es contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de mayor incidencia de la violencia: Panamá, Colón, San Miguelito y David mediante acciones estratégicas, integrales, interinstitucionales y participativas de prevención de la violencia juvenil. Para tal efecto, el Programa tiene dos objetivos específicos: 1. Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones nacionales y locales involucradas en el Programa, para responder eficientemente a su papel en materia de seguridad ciudadana y 2. Disminuir la participación de jóvenes de 12 a 19 años en actos violentos o delictivos en los municipios beneficiados.
Pese a que por una parte existe un innegable ambiente que demanda una atención especial e intensiva en materia de seguridad, y que, por otra parte, pueda existir algún grado de pesimismo o incredulidad, porque los objetivos finales no se alcanzan de inmediato, existe la convicción gubernamental de darle sostenibilidad al PROSI y convertirlo en una Política de Estado, para lo cual se dio el inicial y fundamental paso de someterlo al acuerdo del Diálogo para la Concertación Nacional del año pasado, bajo el principio de que si no se comienza ahora, la postergación de esta política acarreará mayores costos y peores consecuencias.
Los detractores del PROSI basan sus ataques en consideraciones subjetivas unas o personalistas, otras; sin conocer ni tomar en consideración la naturaleza y alcance del programa, porque mantienen en sus mentes, esquemas rígidos o anquilosados, basados fundamentalmente en el uso de la fuerza o en la descalificación de alguna persona que no les caiga bien.
Hoy día, el PROSI se encuentra trabajando en una variedad de proyectos, entre los cuales destaca:
Instalación de equipo de informática y de oficina ya adquirido, por el orden de B/ 747 mil para apoyar la gestión de las instituciones participantes del PROSI, entre ellas apoyar el fortalecimiento y modernización del proceso de formación y selección de las unidades de la Policía Nacional (Dirección de Recursos Humanos, Academia de Policías y los otros Centros de Capacitación), MIDES, MEDUCA y alcaldías; Instituto de Estudios Interdisciplinarios.
Licitación para la construcción de un moderno Centro de Cumplimiento para Menores a partir de este verano.
Rehabilitación de seis infraestructuras deportivas (canchas multiuso) en el municipio de San Miguelito.
Adecuación y rehabilitación de diez "infoplazas" para el uso de jóvenes en el municipio de Panamá.
Licitación para la rehabilitación y construcción de 17 infraestructuras deportivas (canchas multiuso) y tres parques en el Municipio de Panamá.
Capacitación del personal de las diversas instituciones (MIDES y alcaldías) que trabajarán en los programas deportivos para la prevención primaria.
Capacitación del personal de las diversas instituciones (Policía Nacional, MEDUCA, MIDES, MIVI y alcaldías) que trabajarán en los proyectos de prevención primaria y secundaria de la violencia.
Atención integral (Proyección Positiva del MIDES) a 500 jóvenes afectados por las pandillas en los municipios de Panamá, Colón, San Miguelito y David.
Desarrollo del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales.
Instalación y coordinación de los comités municipales de seguridad ciudadana.
Muchos otros proyectos estarán en su etapa de iniciación este mismo año. Pero aunque se haga toda esta inversión, sin la concienciación de los ciudadanos y la participación contundente de estos en las actividades de prevención de la violencia y la delincuencia, no habrá éxito. No importa cuánto recursos dedique un gobierno a atender este problema, si la ciudadanía no participa de manera decidida en estos programas, nunca será suficiente. El PROSI es la ruta adecuada. Es la concepción adecuada para que Estado, sociedad y sector privado coincidan en intereses en pro de un beneficio indispensable: Un ambiente seguro para disfrutar de los derechos ciudadanos.
