Con el transcurrir de los años, a partir de la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de julio de 1970 que diera sustento jurídico al Centro Bancario y a la Comisión Bancaria Nacional, se han ido presentando diferentes acontecimientos que han puesto a prueba su estabilidad y eficiencia.
Entre los años 1986 y 1990, debido al deterioro del Gobierno Militar, por pugnas internas de poder entre sus máximos líderes, se hizo público, de boca de un alto jefe del Estado Mayor, la alteración de los resultados de las elecciones generales de 1984 que favoreció al candidato civil a la presidencia de la república, escogido por el Estado Mayor.
Ese fue el inicio de grandes manifestaciones callejeras, exigiendo la vuelta a la democracia en el sistema de Gobierno panameño.
Como las protestas fueron reprimidas en forma violenta por los militares, se promovió el apoyo involuntario de los depositantes de los bancos. Haciendo circular volantes, donde se alertaba al público en general sobre el inminente cierre de todos los bancos y el cambio de dólares americanos por el balboa, en papel moneda que no contaba con ningún tipo de respaldo económico.
Esto surtió el efecto deseado por los manifestantes y en un par de días, fue de tal magnitud el retiro de efectivo en dólares, en todos los bancos, que la Comisión Bancaria Nacional ordenó el cierre de todo el sistema bancario para evitar un daño irreparable al sistema financiero del país.
Nueve semanas después del cese de operaciones bancarias, se ordenó la reapertura, con restricciones importantes en los montos que se permitía a los cuentahabientes retirar de sus diferentes cuentas. Esta prohibición se mantuvo hasta junio de 1990, seis meses después de la invasión militar del Ejército de los Estados Unidos al territorio panameño que puso fin al gobierno militar, presidido por el general Manuel Antonio Noriega.
El nuevo gobierno civil, presidido por el Lic. Guillermo Endara Galimany, ganador de los comicios celebrados en mayo de 1989 y anulado por el gobierno militar de Noriega, se encargó de normalizar la vida política del país, lo que logró en seis meses, poniendo fin a todos los obstáculos vigentes, hasta lograr la normalización de todas las actividades financiera del país.
Nueva realidad.
Las tarjetas de crédito, utilizadas en todo el mundo para cubrir gastos de viajes, compras en general y hasta para retirar dinero en efectivo, no han escapado de la voracidad de los delincuentes internacionales.
Un alto porcentaje de tarjetahabientes ha padecido en sus saldos crediticios, utilizado por personas deshonestas quienes, en alguna forma, logran averiguar el número del “pin” que autoriza el retiro en efectivo en cajeros automáticos; dinero que, casi siempre, le toca pagar al propio afectado, por no ser más estricto en guardar la confidencia de sus números de “pin”.
Los bancos y otras instituciones financieras del país no cesan de insistir a sus usuarios sobre los controles y medidas de seguridad que deben aplicar al momento de utilizar sus tarjetas de crédito.
Afortunadamente, el Centro Bancario Internacional de Panamá logró mantenerse fuera de la grave crisis financiera, iniciada en los Estados Unidos de América, exportada a Europa y otros países, a través de la colocación de los llamados papeles comerciales o valores comerciales negociables, los que resultaron ser, en la práctica, documentos respaldados por Bienes Raíces, falsamente aumentados en su valor real, dando como consecuencia, unas pérdidas muy cuantiosas, a todos los centros financieros que adquirieron de buena fe esos documentos negociables.
En los últimos días, salieron a la luz pública, los graves problemas que venía padeciendo la Compañía de Seguros British American.
Se dice que $10,000.000.00 en bonos del Estado panameño en reserva para garantizar futuro reclamos a la compañía, tales como Fondos de Pensiones Vitalicias, Hospitalización y Muerte, han desaparecido y por tanto, la empresa está en trámites de Declaración de Quiebra, por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.
Llama la atención que las autoridades fiscalizadoras, responsables de vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, por todas las Compañías de Seguros que operan en el país, informen que desde octubre del 2009, habían intervenido la empresa British American, pero hasta junio del 2010 es que dan a conocer del grave deterioro de las finanzas de la Compañía Aseguradora.
Si les tomó ocho meses, desde el inicio de la intervención, detectar la realidad de la empresa, significa que no se aplicaron los controles adecuados que, al menos, hubieran permitido analizar en pocos días, los activos y pasivos registrados en los libros de la compañía y discutir cualquier manejo doloso de parte de sus administradores.
Hay que analizar en forma profesional y responsable los activos que se dice tienen en Panamá, para decidir la forma más favorable de disponer de ellos, para poder cubrir un porcentaje de los reclamos y pérdidas de los usuarios y asegurados.
Es obligación legal de las autoridades fiscalizadoras encontrar la solución más viable, bajo la realidad financiera de la compañía para proteger a quienes confiaron en ella.
