Panamá es un país de origen, tránsito y destino para mujeres y niños que son objeto de la trata de personas para propósitos de explotación sexual comercial. Mujeres y niños colombianos son traficados hacia o a través de Panamá; algunos se convierten en víctimas de la explotación sexual después de llegar voluntariamente a Panamá.
Algunas mujeres panameñas han sido traficadas a Jamaica para la explotación sexual. Los niños en áreas rurales de Panamá podrían ser traficados internamente hacia áreas urbanas para la explotación laboral.
El gobierno de Panamá no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas; sin embargo, está realizando esfuerzos significativos para cumplirlos. Durante el período del informe, el gobierno intensificó sus esfuerzos para enjuiciar y condenar a los traficantes, y aumentó los esfuerzos de campañas de concienciación pública y de prevención. El gobierno debe destinar más recursos para actividades de la aplicación de la ley y la protección de la víctima, y considerar ponerle fin al programa de visas de "alternadora", que facilita la migración a Panamá de mujeres para la prostitución, algunas de las cuales se convierten en víctimas de los traficantes.
El gobierno de Panamá ha hecho progreso moderado en la investigación y el enjuiciamiento de delitos por la trata sexual durante el período del informe. Panamá no prohíbe todas las formas de la trata de personas, aunque su Ley 16 penaliza la trata para la explotación sexual comercial, que dicta penas de 3 a 10 años en prisión; estas penas son lo suficientemente severas y proporcionales a aquellas que se dictan por otros delitos graves. A principios de 2007, el gobierno obtuvo su primera condena bajo la Ley 16, que dio como resultado una sentencia de cinco años para el propietario de un club nocturno. Un segundo enjuiciamiento por explotación sexual está en proceso, y el gobierno investigó otros cinco casos de trata sexual en 2006. Además de asignar a tres fiscales en la Procuraduría General para trabajar en casos contra la trata de personas, el gobierno proporciona capacitación contra la trata a todo el personal clave de justicia penal: fuerzas policiales y públicas, jueces, y fiscales. El gobierno también trabaja con otros gobiernos y la Interpol en casos internacionales de trata de personas y extraditó a cuatro presuntos pedófilos a los Estados Unidos durante el período del informe.
El gobierno panameño mantuvo sus esfuerzos en la ayuda a las víctimas de la trata durante el período del informe. La mayoría de los servicios está concentrada en o cerca de la ciudad de Panamá. El gobierno opera un albergue y financia una ONG para proveer albergue y servicios de tratamiento adicionales a las víctimas. El gobierno también patrocinó capacitaciones y talleres para educar a funcionarios clave sobre los métodos para identificar y asistir a las víctimas de la trata. Las autoridades panameñas exhortan a las víctimas a que ayuden en la investigación y enjuiciamiento de sus traficantes. En general, los derechos de las víctimas fueron respetados, y no hubo informes de víctimas penalizadas por delitos cometidos como resultado directo de haber sido traficadas. Panamá provee alternativas legales al traslado de víctimas extranjeras a países donde pueden enfrentar dificultades o castigos.
El gobierno ha logrado progreso adicional en las actividades de prevención durante el período del informe. CONAPREDES, la agencia coordinadora contra la trata de personas, lanzó la impresión de mensajes contra la trata en billetes de la lotería a nivel nacional. Junto con la OIT-IPEC, CONAPREDES también creó folletos y guías contra la trata de personas para la asistencia a las víctimas, que fueron distribuidos en escuelas de todo el país. Entre otras campañas en los medios contra la trata de personas figuran anuncios en afiches, la radio y la televisión. Los fiscales encargados de asuntos de la trata también hablaron en escuelas sobre los peligros de la trata de personas.
Traducción Extraoficial
Repetimos, todos los presidentes que hemos tenido en democracia han tolerado el grave problema social que en la ciudad de Panamá supone el problema del transporte público. Haga usted la diferencia, señor Presidente. La sociedad así lo espera. Que cese el pánico que parecen inspirar los transportistas cuando amenazan con paros y con salir a las calles. Los usuarios no sólo están necesitando sino que están impacientes por ver qué gobernante tiene, finalmente, la responsabilidad y el carácter para ponerle el cascabel al gato.
En cuanto a si los transportistas deben formar parte de la solución del problema del transporte urbano en Panamá, mi opinión es que no. En mi concepto, no tienen credenciales para participar en la solución del problema del transporte urbano, quienes son partes claramente responsables del estado que presenta el servicio del transporte urbano en la ciudad de Panamá. Por otra parte, el Estado no puede premiar a transportistas que además de haber fracasado en la prestación de este servicio público, han violado persistentemente los derechos de sus trabajadores y adeudan cuotas obreros-patronales a la Caja de Seguro Social.
Como se dijo al inicio del presente artículo, el segundo de los dos problemas de transporte enunciados se expresa en el grave congestionamiento y consiguientes atascos e inhalación de gases tóxicos que supone la circulación tanto de vehículos privados, como de vehículos de uso público. El segundo caso comprende vehículos particulares, bien sean estos de uso familiar, comercial o industrial, y vehículos de uso público, ya sean éstos de uso colectivo, como los buses, o selectivos, como los taxis. El problema así descrito, obedece a la manifiesta desproporción entre el número de vehículos que transitan a diario nuestras calles y avenidas y la capacidad física de éstas.
La alarmante desproporción entre el número de vehículos que circulan en la ciudad de Panamá y la capacidad de sus calles y avenidas coloca a la ciudad de Panamá entre las primeras del mundo con más vehículos de locomoción por metro cuadrado.
Este segundo problema lo conocemos todos porque está a la vista de propios y extraños y porque propios y extraños lo sufrimos a diario. Con todo y ser este problema sobradamente engorroso, su solución es, afortunadamente, barata. La solución, además de barata, no es siquiera novedosa. Se trata de reducir la circulación de autos privados a la mitad, disponiendo, como en otras ciudades del mundo, que un día circulen únicamente los autos con placas que terminen en número impar y el siguiente los autos cuyas placas terminen en número par. Los sábados y domingos podrían salir todos los autos, independientemente del número de sus placas. Esta medida, además de descongestionar el tránsito y de ahorrar el uso de gasolina y diesel, estimularía la solidaridad entre vecinos y amigos y representaría una reducción del monóxido de carbono en la atmósfera que tanta amenaza supone para la salud humana.
"Todos los empleados que trabajen para el servicio de transporte público deben estar sujetos al Código de Trabajo y a la consiguiente seguridad social".
Sobre la Trata de Personas 2007: Panamá
"..el gobierno intensificó sus esfuerzos para enjuiciar y condenar a los traficantes, y aumentó los esfuerzos de campañas de concienciación pública y de prevención".
