La represión policial de una manifestación prozapatista en Chiapas, en la que murió una joven indígena, causó indignación en la sociedad mexicana, en tanto que las autoridades prometieron medidas "contundentes" para evitar nuevos episodios de violencia.
Los partidos políticos de la oposición criticaron duramente la actuación de los agentes de Seguridad Pública de Chiapas que el lunes abrieron fuego sobre unas quinientas personas que pretendían bloquear la carretera OcosingoSan Cristobal de las Casas.
Advirtieron que este incidente, en el que murió una joven y resultaron heridos una niña de tres años y un hombre, puede desencadenar una nueva escalada de violencia en Chiapas, donde el 22 de diciembre pasado 45 indígenas fueron masacrados por un grupo paramilitar.
En relación con este incidente fueron detenidos un oficial y 26 agentes de policía que se encuentran recluidos en el cuartel militar de Rancho Nuevo de San Cristobal de las Casas, mientras que el Ejército permanece en la zona para garantizar la seguridad pública, informaron fuentes oficiales.
A las pocas horas de producirse el suceso, la Procuraduría de Justicia de Chiapas abrió una investigación, y el gobernador del estado, Roberto Albores, solicitó a las autoridades federales el auxilio de los militares para detener a todos los policías implicados.
"Los responsables de la balacera de Ocosingo serán castigados sin importar intereses económicos, políticos o religiosos", aseguró ayer el gobernador, quien anunció "medidas contundentes" que hagan posible "rescatar la credibilidad y el prestigio" de las autoridades.
El secretario (ministro) de Gobernación, Francisco Labastida, condenó los hechos y dijo que es "ilógico" que se reprima con armas de fuego a unos manifestantes que pretendían bloquear una carretera.
El líder del opositor Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, anunció anoche que pedirá una audiencia a Zedillo para demandar un cambio de estrategia en el conflicto de Chiapas y pidió la celebración de eleciones en ese estado.
El dirigente del PRD, de centroizquierda, sostuvo que las autoridades federales están bajo sospecha, exigió un esclarecimiento total de los hechos y advirtió sobre las graves consecuencias "si se sigue apostando a la guerra de baja intensidad y no hay un viraje hacia una política de diálogo y concertación".
El dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, repudió el ataque contra los indígenas en Ocosingo y pidió al Gobierno federal el inmediato esclarecimeinto de estos "lamentables acontecimietnos".
El líder de la formación conservadora afirmó que el conflicto de Chiapas "seguirá cobrándose víctimas si no se da un cambio radical en las actitudes", y agregó que el suceso del lunes es una pieza más "de la historia de barbarie que se sigue escribiendo en Chiapas".
El subsecretario de Seguridad Pública, Roberto Zavala, partió ayer hacia Chiapas para asesorar al Gobierno estatal en la remodelación del sistema de seguridad y de los cuerpos policiales.
El interlocutor del Gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Emilio Rabasa, manifestó ayer que en Chiapas "no hay un vacío de derecho".
"Podrá haber lagunas, y desde luego violaciones, pero hay un marco de referencia que sirve para hacer un diagnóstico de los problemas y elaborar propuestas de paz", consideró Rabasa, quien ayer mismo fue designado nuevo negociador oficial.
Por otro lado, una comisión de senadores viajará hoy a Chiapas para analizar la situación en Los Altos y la Zona Norte del este estado del sureste de México y llevar ayuda humanitaria a los indígenas que han huido de sus comunidades a causa de la violencia.
