Sorprendentemente, el 27 de abril, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que tuvo como magistrado ponente a Alejandro Moncada Luna, en la que dio opinión favorable a una demanda de nulidad presentada contra una resolución de la Autoridad del Ambiente, que en el 2009 declaró como área protegida el “Humedal Bahía de Panamá”.
Esta celeridad del magistrado Moncada Luna y de la Corte no le hizo gracia a la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, quien asegura que en esa misma corporación legal duermen el sueño de los justos varias demandas de inconstitucionalidad y más de treinta “habeas data” sobre asuntos ambientales que esperan hace años.
Spadafora critica que el argumento principal del magistrado para declarar la nulidad sea que no se realizaron las consultas públicas contempladas en la ley y advierte un tufo a componenda, toda vez que el fallo de Moncada Luna coincide con otra decisión -también conocida en estos días- que reduce los montos que se deben pagar por la tala de los manglares y también se varían las multas.
¿Por qué tanto ruido en el tema de los manglares?
La preocupación por el ambiente no es de hoy, sin embargo, lo que se ve esta semana es por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que de manera muy rápida ha resuelto recursos que han sido interpuestos apenas este año cuando tenemos en mora varias demandas de inconstitucionalidad y más de treinta “habeas data” que no se han resuelto. Por supuesto que esto crea suspicacia sobre qué hay detrás, porque el impacto de estas decisiones de la Corte Suprema de Justicia es significativo sobre áreas protegidas que tienen un valor, no solamente biológico natural, sino también económico y social.
¿Qué pasa en el caso de la bahía de Panamá?
En el caso de la bahía de Panamá, es aún más latente el problema que tenemos, puesto que se trata de manglares que protegen el crecimiento urbano de la ciudad de Panamá y sus habitantes. En ese sentido, pone en riesgo a la ciudad por cuanto las áreas de manglares son áreas de planicies bajas, están muy cerca del mar y conectadas con la marea y al ser áreas bajas - toda vez que haces un relleno encima de ellos- creas diques de contención y áreas que hacia aguas arriba de los ríos están más bajas, creando entonces un problema o una trampa de muerte para todas aquellas áreas, viviendas, infraestructuras e inversiones que se han hecho hacia tierra, y los manglares han sido calificados como áreas que nos protegen contra las inclemencias del tiempo y contra eventos extremos del clima que vamos a sufrir. Echarle la culpa al cambio climático por las inundaciones que ocurrieron o que van a ocurrir, sería iluso.
Usted dice que no es un problema nuevo.
¿Qué habrá motivado a la Corte a emitir este fallo?
Detrás de ello, es muy probable que haya algún interés particular y que este haya estado por encima del interés y del bienestar común. Al mismo tiempo que se dan estos pronunciamientos de la Corte, sale una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá en la que reducen el monto que deben pagar aquellos que talan los manglares. Los reducen de B/150,000.00 por hectárea a solo 10 mil, y se reducen también las multas. Estas cifras, a las que se había llegado como conclusión de que debía ser la compensación o pago por perder un área de manglar, están basadas en un estudio científico y económico.
¿Está usted asegurando que el negocio ha estado por encima de la protección de la gente?
Sí. Aquí hay un interés de inversionistas hacia esa área. No conocemos quiénes están detrás, pero conocemos de varios rellenos, inclusive algunos ilegales, según el propio ingeniero municipal de la ciudad de Panamá, que han encontrado allí, pero también otros intereses que hay a lo largo de toda esa franja de manglar que es un humedal de importancia internacional, según la Convención Ramsar.
¿Se puede atribuir con precisión que las inundaciones que se han dado obedecen al menoscabo de los humedales?
Claro, porque se están inundando áreas que antes no se inundaban y se han afectado personas y vidas a lo largo de esas áreas residenciales que están cercanas a los manglares y coincide con varios rellenos que allí se han hecho, porque cuando llueve intensamente, y eso está sucediendo con más frecuencia y coincide con una marea alta, entonces toda esta agua corre hacia los ríos arriba y no puede regresar después; se va a retener allí y eso es una trampa de muerte.
¿Existe un criterio uniforme de las agrupaciones ambientales, tanto oficiales como las ONG, sobre esta realidad?
Mira, tanto el sector de las ONG, gremios como Alianza Pro Ciudad, asociaciones comunitarias de Juan Díaz y el propio representante Javier Sucre, se han adherido a nuestra preocupación y el comunicado rechazando esta postura de la Corte Suprema que a todas vistas es incoherente con otros fallos de la misma Corte, que el propio presidente firmó. Por ejemplo, la del año pasado, la Corte Suprema se pronuncia a favor de la ANAM en un recurso que interpuso Minera Panamá por la creación del área protegida de Donoso y explica muy bien el porqué, y esto lo firma el propio presidente Moncada Luna. Entonces estos fallos que hemos conocido en días recientes no son del todo coherentes, no guardan ninguna jurisprudencia, no guardan lógica y por ello creemos que hay algo detrás.
Hay dos formas de enfrentar esto.
Una es legal; y la otra, con acciones prácticas, ¿tienen algún plan en ese sentido?
Una cosa va aunada a la otra. En la parte legal, las organizaciones ambientales en alianza y a través de organizaciones que se dedican a incidencia legal estaríamos haciendo una tercería ante la Corte Suprema y aportando argumentos y pruebas que defienden la resolución que creó ambas áreas protegidas, pero al mismo tiempo la ciudadanía, los residentes principalmente, deberían pronunciarse y hacer esfuerzos para que esta decisión de la Corte llegue a ser una decisión final, porque esta ahora es una suspensión provisional, para que estas áreas sean protegidas y, además, hay que demandar del Ministerio de Obras Públicas, del MIVI, de Ingeniería Municipal y de Sinaproc para que se hagan los estudios técnicos que confirmen, pero que sean objetivos y científicos, que confirme que estas áreas y estas personas que viven allí a lo largo de esta franja costera no están en peligro inminente por las inundaciones.
¿Aún tiene esperanza de que los estamentos correspondientes intervengan de manera efectiva?
Yo no sé si lo que falta es conciencia, conocimiento o voluntad política o si los intereses económicos de algunos son tan fuertes que los avasallan, pero no he visto ni conozco ninguna acción de este Gobierno para proteger los recursos naturales de este país. Quisiera que, si estoy equivocada, me dijeran qué cosas han hecho por nuestro patrimonio natural, no tengo una respuesta y yo sigo las noticias. Entonces, tengo pocas esperanzas, es triste decirlo, tengo pocas esperanzas, pero siempre hay algo de esperanza de que el Gobierno, si es que el Órgano Ejecutivo es independiente, solucione o sanee esta problemática que ha sido originada, recientemente, por la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la ANAM debe proporcionar a la Corte un informe técnico en el que se indique, se argumente y se respalde la creación de esas áreas porque no es cierto que no se han hecho esas consultas, se han hecho, y ha seguido la reglamentación vigente para la creación de áreas protegidas. En todo caso, si el magistrado Moncada Luna interpreta, y así dice el fallo, que toda vez que un grupo de ciudadanos se sienta afectado por una decisión administrativa debe haber una consulta pública, entonces debe haber consulta pública cuando hay un acto administrativo que afecta a terceros.
¿No le daría usted el beneficio de la duda al magistrado Moncada porque a lo mejor fue sorprendido en su buena voluntad?
En tan poco tiempo... ¿por qué otros pronunciamientos de la Corte Suprema toman dos y tres y cuatro años? Si tú tomas una decisión como ponente y la respaldas, tienes que hacerlo con todo el conocimiento, los estudios, con todas las argumentaciones posibles, entonces sí eres un buen magistrado, y en dos o tres meses no es posible hacerlo. Por eso yo no creo que haya sido de buena fe, sinceramente.
A nivel nacional, ¿cuál es el estado de conservación de las áreas protegidas?
A nivel nacional, creo que ha habido una regresión en cuanto a la gestión ambiental. Áreas protegidas que tenían algún grado de avance en el que se estaba trabajando y se notaba que había algún tipo de manejo, no las vemos atendidas. Por ejemplo, el Parque Nacional Coiba tiene un consejo directivo y tiene un plan de manejo, pero hasta ahora no hay avances, no vemos que se estén invirtiendo recursos. No hay voluntad política, el Consejo Directivo se reúne, pero no avanzamos. Áreas protegidas en Darién, en el Parque Internacional la Amistad y otras, vemos cómo se vulneran rápidamente, y otras a lo largo del país, que están siendo afectadas por la tala ilegal, por la extracción de maderas preciosas y no hay control. El Gobierno no tiene la capacidad de hacer el control ni de hacer cumplir las leyes.
¿Capacidad económica o técnica?
Todo. Técnica y económica, lo que significa también que no ha tenido la voluntad política para proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes y estas no han tenido la capacidad de respaldar el uso o el incremento de recursos para ellos.
¿No ha cumplido su rol la ANAM ?
No. A mi juicio y a juicio de muchos, la Autoridad Nacional del Ambiente está casi ausente en lo que se refiere a las gestiones ambientales.
similar en casi todo el país
- “A nivel nacional, creo que ha habido una regresión en cuanto a la gestión ambiental. Áreas protegidas que tenían algún grado de avance en el que se estaba trabajando y se notaba que había algún tipo de manejo, no las vemos atendidas”.
- Alida Spadafora
