La controversia persigue al ministro del Interior británico, Jack Straw, quien desde el comienzo del año ha afrontado decisiones impopulares, como la partida del ex nazi Konrad Kalej, la llegada del boxeador Mike Tyson y ahora el futuro de Augusto Pinochet.
Straw se dispone a dar a conocer esta semana su decisión final sobre el general chileno, después de anunciar el pasado día 11 que se inclinaba a denegar su extradición a España por motivos de salud.
Aunque el ministro no ha dado hasta el momento señales de cuándo comunicará su dictamen definitivo, debe esperar primero a que hoy, lunes, venza a las 17,00 GMT el plazo otorgado a las partes para que le clarifiquen ciertas cuestiones técnicas sobre los alegatos presentados a su opinión inicial.
Una vez haya completado los detalles jurídicos de su anuncio, el ministro dará a conocer una de las decisiones más polémicas de su vida política.
Las organizaciones humanitarias encabezadas por Amnistía Internacional que han intervenido en el caso han condenado al ministro por no dar a conocer el informe médico elaborado por cuatro especialistas en el que se ha basado para tomar su decisión.
El juez español Baltasar Garzón, que emitió la orden de arresto contra Pinochet hace quince meses, ha solicitado que se efectúe un segundo examen médico con la presencia de forenses de la Audiencia Nacional.
Otras instituciones, como el Colegio de Médicos, también han puesto en entredicho que el informe tenga categoría de confidencial, como defiende el ministro.
Entre los propios correligionarios de Straw existe un gran malestar ante la posibilidad de que el ex dictador pueda regresar a su país sin tener que someterse a juicio por las violaciones de los derechos humanos, perpetradas durante su mandato.
Después de que Straw anunciara su decisión, varios diputados del ala más izquierdista del Partido Laborista, como Jeremy Corbyn o Tony Benn, presentaron mociones ante la Cámara de los Comunes para exigir que no se dejara en libertad al general chileno.
La inclinación del ministro a liberar a Pinochet ha sido acogida también con malestar en Bélgica, Francia y Suiza, países que, además de España, habían pedido la extradición del ex dictador.
Pero la controversia ya ha rodeado a Straw, un hombre que no teme asumir decisiones, en las últimas semanas.
El pasado 6 de enero, el sospechoso de participar en crímenes de guerra nazis Konrad Kalejs, de 86 años y origen letón, abandonó el Reino Unido para evitar la deportación.
Straw decidió dejarle abandonar el país sin detenerle para procesarle por los crímenes de los que se le acusa, al considerar que no existían pruebas suficientes como para permitir su arresto.
Además, el titular del Interior autorizó la entrada el pasado domingo del boxeador estadounidense Mike Tyson, pese a que este deportista ha cumplido una condena de cárcel por violación y las leyes británicas no autorizan el visado a ninguna persona que haya cumplido más de un año de cárcel.
En ocasiones normales tan sólo "razones humanitarias" permiten que un convicto por violación pueda visitar el Reino Unido.
Esta semana el Ministerio del Interior ha anunciado que, por primera vez en seis años, el número de delitos perpetrados en el país se ha incrementado.
Straw ha visto también cómo esta semana la Cámara de los Lores rechazaba su proyecto de ley para restringir los juicios con jurado.
Con toda seguridad, a finales de esta semana el ministro, que hasta ahora había gozado de un mandato relativamente estable en uno de los departamentos más polémicos del gobierno, se verá de nuevo en el ojo del huracán.
El titular del Interior, un antiguo líder estudiantil que sabe que goza de la total confianza de Blair, se ha defendido hasta ahora con el argumento de que "he tomado las decisiones que he tomado sobre Pinochet basándome en un asesoramiento legal muy cuidadoso".
Y, además, Straw se muestra dispuesto a dar la vuelta a las percepciones de que el cargo de ministro del Interior equivale a entrar en un cementerio político: "es un departamento magnífico, y yo tengo un cargo magnífico".
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