El juicio contra 147 agentes de la Policía Militar (PM) en el Estado de Pará (norte), por el asesinato de 19 campesinos sin tierras en 1996, fue suspendido por tiempo indeterminado ayer, después que el fiscal responsable del caso se retiró de la sesión.
El fiscal Marco Aurélio Nascimento dijo que su decisión de abandonar el recinto fue una protesta a la decisión del juez, Ronaldo Valle, de rechazar su pedido de anulación de la primera parte del proceso, que el jueves determinó la absolución de tres jefes de la corporación policial, responsables por la operación donde se produjo la matanza.
Los tres jerarcas policiales fueron absueltos por "falta de pruebas", pero la decisión desató una verdadera ola de indignación en todo el país, ya que las evidencias para condenarlos eran abrumadoras.
Para el fiscal Nascimento, el cuestionario presentado por Valle a los jurados incluía preguntas contradictorias y que conducían a la conclusión de que las pruebas contra los jefes policiales eran insuficientes, y por ello todo el proceso esta "irremediablemente viciado".
Ayer, cuando Valle se disponía a iniciar el juicio contra cuatro agentes de la PM por la matanza, Nascimento pidió que antes de dar continuidad al proceso debería haber una resolución sobre su pedido de anulación de la sentencia anterior, negado de inmediato por el Juez.
Después de una intensa discusión en el plenario -montado en dependencias de la Universidad de la Amazonia, en Belén, capital de Pará- el Juez Valle declaró "suspendido" el juicio.
No obstante, Valle no fue capaz de aclarar a la prensa si la suspensión durará hasta que el pedido de anulación de la sentencia de absolución sea analizado por una instancia superior, o apenas hasta que la justicia escoja un nuevo fiscal para las sesiones que restan.
En total, fueron previstas 27 sesiones para juzgar a los 150 reos en el proceso, siendo que la última sesión está agendada para el 3 de diciembre próximo.
La ola de indignación generalizada ante la absolución del coronel Mário Colares Pantoja, el mayor José María Oliveira y el capitán Raimundo Lameira, en la primera de las 27 sesiones, llevó al Secretario Nacional de Derechos Humanos, José Gregori, a proponer la "federalización" de esos crímenes.
"El gobierno intensificará sus esfuerzos para aprobar una enmienda a la Constitución que transfiera conflictos como éste, o cualquier otro caso de crímenes contra los Derechos Humanos, a la Policía y la Justicia Federal", dijo Gregori.
Casi de inmediato, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados, Nilmário Miranda, prometió "hacer todo el esfuerzo posible para hacer aprobar esa enmienda.
Se espera que crímenes como éste, investigados por la Justicia Federal, serán juzgados con más independencia con relación a los jefes policiales locales".
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