Un total de 12 atletas se clasificaron para los Juegos Estudiantiles Centroamericanos que se desarrollarán en septiembre en Panamá, luego que compitieran por un cupo en el interprovincial de esta disciplina que se efectuó en Chiriquí.
Los clasificados fueron Mary Pérez (42kg), Solmaira Guevara (44kg), Karina Flores (49), Atzayesi Anderson (52), Jorlenis Aveldaño (55), Víctor González (45 kg), Eduardo Yángüez (48), Manuel Ortega (51), Lauriel Cobos (55), Daniel Ortega (63), David Forero (59) y Denis Batalla (68).
Respondiendo entonces a su afirmación, diría que es en este sentido, el de la universalización del conocimiento, que la globalización contribuye a proporcionarnos un punto de referencia para atender nuestras instituciones y ordenamiento jurídico en general, atendiendo eso sí, a la cultura de la nación panameña.
OC: Tal vez el Derecho por ser superestructura, es decir, por proporcionarle la estructura jurídica a los sistemas económicos y sociales, siempre venga detrás de los cambios, por lo que demora un poco más en "reinventarse". No obstante, desde hace poco más de diez años, la academia jurídica ha hecho su tarea de reingeniería y las facultades de Derecho de nuestras universidades abordan nuevos temas en el marco que nos fija la revolución informática, dentro de la globalización internacional.
Temas como el Derecho Informático, Derecho Económico, Derecho Ecológico y Ambiental, Derecho Financiero, Derecho Empresarial, Derecho del Comercio Internacional, Derecho Aduanero, el Daño civil y administrativo, Derecho Marítimo, Derecho Bancario, Derecho de la Libre Competencia y del Consumidor, incluso, Derechos Humanos, entre otros, hasta la década de los años noventa no formaban parte del plan de estudios de las facultades de Derecho de las universidades de nuestro país. Disciplinas tradicionales como el Derecho Penal, ahora se plantean nuevos temas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, los delitos transnacionales y la corrupción; y se tiende a cambiar el sistema procesal penal hacia uno más "garantista" en contraposición al sistema inquisitivo actual. En el campo del Derecho Administrativo, se propone la creación de una jurisdicción de Paz que atienda los temas civiles, penales y de familia, que son competencia de los Corregidores y Regidores, y convertir a éstos en conciliadores y mediadores en los conflictos vecinales.
Hay que prestarle atención a la metodología de la enseñanza del Derecho. Las clases "magistrales" ya no son suficientes para producir profesionales de calidad. Debe haber más investigación científica e interacción en el aula, acompañada de una evaluación profesional del docente, que mantenga dentro del sistema sólo a aquellos cuyo rendimiento lo justifique.
OC: Existen cambios sustantivos en la interpretación constitucional y dentro de la misma, en el tema de las garantías fundamentales, plasmadas principalmente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la última década. También en algunas jurisdicciones especiales como la laboral, la marítima y la de familia.
La dificultad radica en la necesidad de mejorar la calidad de los operadores judiciales. La Escuela Judicial hace un esfuerzo muy meritorio pero no es suficiente. Para coadyuvar a estos propósitos, la Procuraduría de la Administración ha impulsado, con el apoyo entusiasta del profesor Francisco Vega, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Santa María la Antigua y el profesor Carlos Alberto Vásquez, una maestría dirigida a juzgadores y a funcionarios de instrucción, que sin duda mejorará la calidad de la jurisprudencia nacional. Entiendo que hace falta presentar a la aprobación de la Universidad de Panamá el plan de estudios, para completar así el proceso de su aprobación.
OC: La administración de justicia es la columna vertebral de la democracia y del desarrollo sostenible. Sin el imperio de la Ley no habrá seguridad jurídica, es decir, la certeza que existe un ordenamiento jurídico que protege a propios y extraños, en la confianza de que se reconocerán derechos, se exigirá el cumplimiento de obligaciones y que efectivamente se sancionará al que no cumpla o viole la Ley. Para alcanzar este objetivo, además de una reforma judicial, hace falta desarrollar una cultura de la legalidad a través de la educación y de practicar el respeto a la Ley.
