Sin embargo, a pesar de esa nueva realidad que acompañaba a la aurora del nuevo milenio, algunos allá, en Washington, y otros acá, en Panamá, no desmayaban por mantener -y hasta consolidar- la simbiosis a las que estaban acostumbrados, para no perder los pingues negocios que esa simbiosis generaba; naturalmente -y, como siempre- , sin importar si ello era bueno para los intereses nacionales. Los intentos por mantener la presencia militar norteamericana más allá del año 2000, aprovechando la iniciativa panameña de establecer un centro de lucha contra las drogas, fue ejemplo de la tenacidad de los empecinados por reestablecer las cadenas. Fue hora buena el momento en que se calificó de "mamotreto" a un documento que hasta bandera obsequiaba a quienes debieron finalmente arriarla, como mandaban la letra y el espíritu del Tratado.
Pero ni con el devenir del tiempo desmayaron allá, ni acá. Así, mientras el presidente Clinton honró el compromiso adquirido por los Estados Unidos en los Tratados Torrijos-Carter, el gobierno del presidente Bush encontró en el de Mireya Moscoso ambiente propicio para arrancarle concesiones a una aliada exageradamente complaciente y entreguista, que cedió la seguridad aérea y marítima, prácticamente acabó con el centro bancario nacional y cedió, en acuerdos secretos, aspectos de la soberanía del país, que hace que los del norte se paseen y actúen en Panamá como nunca antes, peor que en los tiempos de la patria boba, y, finalmente, entregó, ¿se imaginan ustedes a quién?, a los cuatro terroristas que, ¡casualidad de la vida¡, fueron recibidos como héroes en Miami.
Pero, con el nuevo gobierno de Martín Torrijos, ¿cambiaría este estado de cosas? ¿Aprovecharía el joven presidente su mandato para retomar el rumbo y dirigir la nave del Estado por la senda independiente y libre de ataduras del poder norteamericano y de los intereses de sus aliados, atados a la tradición oligárquica? Duele decirlo, pero parece que no. Pareciera que estuviese atado y fuese prisionero de lamentables circunstancias que le hacen depender más de los adversarios históricos del torrijismo, que de la fuerza política y electoral del partido que le llevó al poder, lo cual hace que la propensión a dar concesiones sean hasta mayores que las de la Sra. Moscoso. Además, los cuadros históricos del PRD que le acompañan en la elaboración de estrategias (¿?) y que están en el centro de la toma de decisiones, pareciese que han empeñado sus principios por sobrevivir en medio de un poder que, más que de un partido que puso los votos en las urnas, está formado por amigos, compadres, "roommates", condiscípulos de escuela y por aquellos que fueron acompañantes de esas circunstancias que le aprisiona, amén de figuras que representan a la tradición oligárquica, lo que hace suponer que se seguirá por el camino de las concesiones a las demandas del gobierno del presidente Bush.
En materia de seguridad nacional es más que evidente que los acuerdos del gobierno anterior han sido ratificados por el gobierno actual y, lo que es peor -por tratarse de un gobierno PRD-, las visitas del secretario de seguridad nacional Donald Rumfeltd, de altos ofíciales militares del ejército de los Estados Unidos, la visita del subsecretario de estado por tres días en las fronteras de Darién, el estudio por solicitud de Washington de la apertura del Tapón del Darién -acompañado por los crecientes rumores del establecimiento de una base militar en la frontera con Colombia- hacen pensar que a la ratificación de las concesiones del gobierno anterior se estén agregando nuevos compromisos que se alejan del sentimiento que nos embargaba en las escalinatas del "Administration Building" ese 31 de diciembre.
Si ello no fuese así -¡y cómo quisiéramos estar equivocados¡-, entonces ¿cómo se explica que al tratado de libre comercio (TLC), un nuevo y moderno Buneau Varrilla en ciernes, en el que los norteamericanos demandan un trato preferencial para sus empresas en la expansión del Canal de Panamá, se le agregue ahora la demanda por un convenio de seguridad en el que los norteamericanos, finalmente, remacharían sus pretensiones militares sobre el papel que nuestro país debe jugar a la luz de sus políticas de absoluto control continental? La libertad lograda el 31 de diciembre de 1999 y el ser dueños de nuestro futuro se vuelve, con las acciones de los dos gobiernos, en una triste quimera, y nos retrotraen a los tiempos en que nació la república.
En conclusión los excluidos son verdaderamente excluidos y mientras la presión tributaria en términos absolutos es poca, la regresividad se debe a la falta de ingresos que tiene que ser subsanada por una reorientación y focalización hacia los pobres, los subsidios y a los servicios del Estado. Sin paternalismo pero sí, con el apoyo decidido ligado íntimamente con el mejoramiento de la productividad de la generación adulta, la escolarización y capacitación de los párvulos y jóvenes. Tenemos que romper el ciclo de la pobreza en nombre de la solidaridad cristiana y ética y del auto interés bien entendido de los demás miembros de Panamá.
Recuerdo las palabras de Dietrich Banhoffer, ¿qué clase de sociedad vamos a legar a nuestros hijos? Eso tiene mucho que decir con respecto a quiénes somos.
Los principios de Política Tributaria
El norte de la política tributaria debe ser un sistema que tenga las siguientes características:
Todos, deben contribuir proporcionalmente, sin excepciones, porque Panamá pertenece a todos y los ingresos que el Estado requiere para su sostenimiento es un deber de todos poner algo sobre la mesa para que puedan disfrutar en igualdad de las bondades de su fruto.
Lo más sencillo posible en cuanto al número de tributos que se aplican.
Que los tributos contemplados sean de fácil aplicación.
Que sean transparentes para los contribuyentes -poca discrecionalidad del funcionario.
Equitativo horizontalmente -quienes perciben los mismos ingresos deben pagar más o menos el mismo nivel de impuestos, sujeto al patrón de gastos de cada uno.
Equitativo verticalmente -quienes ganan más, pagan más. Eso no implica que el Estado debe actuar como el famoso Robin Hood, robarle a los ricos para darle a los pobres, el espíritu es innato de una Sociedad que predica y practica la justicia social.
Económicamente neutral en cuanto a su presión sobre las distintas actividades económicas -no debe existir renta económica (ingresos que no respondan a la actividad en sí, pero sean una dádiva del Estado).
Guardar la competitividad del Panamá frente a la economía globalizada -ni mayor que nuestros más fuertes competidores ni mucho menor que ellos.
La interrelación entre ellos debe ser un conjunto que permita la eficiente detección de la evasión y defraudación.
Las multas deben reflejar la realidad, si son demasiado severas son inoperantes porque no se pueden aplicar y si son demasiado ligeras no desestimulan la actividad delictiva.
Debe existir la posibilidad de aplicar las leyes del Código Penal porque la defraudación al fisco es un acto de apropiación indebida de los recursos de todos: un acto de corrupción.
Su diseño debe cubrir la mayor amplitud de bienes y servicios de al menos, el mercado local, con las excepciones bien definidas y limitadas a la menor tasa consecuente con los niveles de ingresos requeridos.
Los "incentivos fiscales" deben ser vistos como son: gastos tributarios. Mientras es cierto que los incentivos fiscales responden a orientaciones de las políticas públicas pertinentes a momentos de la vida de una Sociedad de Confianza no es menos cierto que constituyen un subsidio a quienes lo reciben, o sea, un gasto de los recursos del fisco.
El comportamiento conocido como "buoyancy" que refleja una alta correlación muy cerca de uno con relación al crecimiento de la economía. O sea, que los ingresos fiscales deben estar a la par con el crecimiento económico.
Finalmente, la estructura administrativa y operativa que recauda los ingresos tributarios debe responder a los criterios de la carrera administrativa con relativa autonomía presupuestaria y selección de su personal operativo. La política partidista, el famoso amiguismo y los espacios políticos no tienen cabida en el escogimiento del personal que labora en dicha actividad.
El Estado tiene que ser fuerte para lograr el consenso que sea necesario para impulsar y conducir los debates políticos con la sociedad civil, de tal suerte que podamos coadyuvar a la sociedad a lograr su transformación en la búsqueda del desarrollo de las libertades. En tal sentido, la función primordial de la fortaleza del Estado está en la habilidad y capacidad de facilitar y liderizar la consecución de las reglas del juego que sean las más eficientes y eficaces en la articulación de nuestra economía competitiva de bienestar social torrijista.
El Estado requiere tener una política fiscal eficiente y equitativa, que le permita brindar el apoyo requerido por todos en su justa dimensión con énfasis en aquellos históricamente menos favorecidos. Se requiere un Estado fuerte y eficaz y no uno grande y abarcador que quiera ser todo para todos.
El Gobierno tiene que adelgazar, ponerse ágil, eficiente y eficaz y dejar de ser visto como empleador de primera opción: En el porvenir el Estado no debe y no puede ser una agencia de empleo, ni siquiera en última instancia. Se necesita la atención urgente a este principio por el abultamiento de la planilla después de la administración Moscoso.
Para tales fines, es necesario llevar a cabo la implantación de la carrera administrativa y el desarrollo y ejecución de una ley de sueldos del sector público. En cuanto a ésta última, su puesta en marcha requerirá gran entendimiento y capacidad de negociación por parte del ejecutivo y una madurez y comprensión del funcionariado público para no usar dicha negociación para lograr un de aumento salarial no programado del sector público. Recordemos que el resto de la sociedad paga esos salarios, algunos con sus tributos, otros con la falta de atención en salud, educación, vivienda o un deficiente sistema judicial.
Sobre la llamada de comprensión, se hace más patente, la llamada de atención a los 82 mil funcionarios públicos amparados bajo leyes especiales y acuerdo de huelga organizado bajo el patrón del país corporativismo del país de suspicacia porque aumenta la planilla del Estado en más de 45 millones por año sin la correspondiente productividad y por ende es una sustracción de los de más panameños.
(ver cuadro en el suplemento “Semblanzas” del diario impreso).
