Los candidatos Alejandro Toledo y Alan García cerraron ayer sus campañas para las elecciones presidenciales del domingo en Perú en tanto entraron en vigor las restricciones legales destinadas a garantizar la normalidad de los comicios, la principal de todas, la "ley seca".
Toledo y García encabezaron ayer las últimas manifestaciones públicas, el primero en Cusco, antigua capital del Imperio de los Incas, mil kilómetros al sureste de Lima, y el ex presidente en el Paseo de la República de la capital peruana.
Ambos pusieron punto final a su contacto directo con multitudes en esta jornada, porque la ley electoral dispone que se deben suspender todo tipo de manifestaciones de carácter político dos días antes de la fecha de las elecciones.
Una de las principales prohibiciones es la de venta y consumo de bedidas alcohólicas desde 48 horas antes de los comicios hasta el mediodía del lunes, medida que empezó a regir desde las cero horas de hoy.
Esta prohibición adquiere una especial importancia porque el 2 de junio, víspera de la segunda vuelta electoral por la presidencia de este país andino, se disputará en Lima el partido Perú-Ecuador correspondiente a las eliminatorias del Mundial de fútbol Corea-Japón del 2002.
El encuentro, por el que existe una gran expectación y ganas de festejar entre los aficionados peruanos y que se jugará a estadio lleno ante 80 mil espectadores, se disputa en un día comprendido dentro de los cuatro de la popularmente llamada "ley seca".
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo organismo electoral peruano, Manuel Sánchez Palacios, instó recientemente a sus compatriotas a celebrar con refrescos, si se registra un triunfo de la selección peruana.
Las normas legales establecen también que la propaganda electoral en todos los medios de comunicación sólo podrá ser difundida hasta hoy, viernes, 24 horas antes de la fecha de las elecciones.
La ley electoral dispone que quienes abran establecimientos destinados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas o quienes organicen reuniones de carácter político serán penados con sesenta días de cárcel. La participación en las elecciones es obligatoria en Perú y a quienes no concurren a votar se les sanciona económicamente.
