Nota del Editor: La lucha contra la corrupción y por el adecentamiento de la cosa pública ha ido cobrando importantes niveles dentro del Estado Panameño. Uno de esos esfuerzos se realiza desde la Procuraduría de la Administración. Por considerarlo de importancia reproducimos parte del discurso pronunciado por el titular de esa entidad, Oscar Ceville, el pasado 25 de mayo durante un acto en el que fueron entregado Códigos de Éticas a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
Resulta importante a mi juicio, en la realidad presente, poder reflexionar, así sea por este breve lapso, sobre la importancia de este acto y las tareas fundamentales que están llamadas a desarrollar nuestras instituciones para fortalecer el Estado democrático de Derecho.
Hace algunos meses, en la misión de trabajar juntos, firmamos un acuerdo de cooperación por medio del cual adoptamos el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos con la finalidad de implementar un instrumento uniforme con principios generales, que en adición a las normas sobre ética judicial, contenidas en el Código Judicial, sirvieran de marco al correcto, honorable y adecuado cumplimiento de nuestras funciones públicas.
Esta identidad de propósitos que nos une y nos hace trascender hacia estadios de mayor conciencia nacional, debemos multiplicarla en otras instituciones a través de la Red de Ética Pública, donde participan actualmente 73 instituciones del Estado, impulsando iniciativas tendientes a fortalecer los procesos de modernización de la gestión pública.
Esta Red de ética, donde la Procuraduría General de la Nación se erige como una institución pionera, constituye un aporte al fortalecimiento de las instituciones públicas y al rediseño de los nuevos propósitos institucionales, ya que en lo fundamental, se pretende situar los principios y valores del servidor público sobre las bases de moralidad, responsabilidad y solidaridad.
Esta iniciativa, no es un hecho aislado; coincide, por el contrario, con la necesidad de perfeccionar el Estado en su función generadora y oferente de servicios en toda su diversidad. Se trata en consecuencia, de una tarea fundamental en que la función pública constituye un valor social, y por tanto, los ciudadanos y ciudadanas esperan que los servidores públicos atendamos el interés público con equidad, transparencia y celeridad.
Por ello, esta actividad (..) constituye un paso firme en una línea de trabajo que, con toda seguridad, alumbrará el camino en lo que será la nueva ética del servidor público. En dicho Código, como observarán, es notorio el énfasis en los principios generales de probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad, responsabilidad, transparencia, igualdad, respeto y liderazgo.
Desde luego que como referencia, estos principios generales del Código serán la base para generar y divulgar una cultura de la ética en las instituciones públicas; sin embargo, en lo que respeta a las instituciones del Ministerio Público, serán el complemento de aquellos principios éticos fundados en que la mejor filosofía está en el ejemplo de nuestras actuaciones, que deberán servir de referencia práctica para que los demás actúen desde los hechos.
De allí que, como paradigma a alcanzar, la conducta de los funcionarios del Ministerio Público debe constituir el horizonte de visibilidad en que deben mirarse el resto de los servidores del Estado. Y, en atención a sus propios principios éticos y morales, cumplir con eficiencia, eficacia y transparencia, las atribuciones que les son asignadas por la Constitución y la Ley.
Somos conscientes, además, que por más voluntad y decisión que exista siempre será preferible encarar los desafíos como conjunto, ya que en muchas circunstancias, resultará difícil para todas y cada una de las instituciones actuar de manera separada en la atención a problemas que son de gran complejidad.
De allí, la importancia de la Red de Ética Pública y el propósito de convertirlo en un espacio propicio para que en estos casos, más instituciones contribuyan, desde sus competencias, al desempeño eficaz y eficiente de las otras.
La Red actuará en dos planos, los cuales serán explicados en este evento, donde conoceremos los escenarios para trabajar con muchas instituciones públicas y, también, espacios para desarrollar acciones desde el interior de cada una de dichas instituciones, con la cooperación de todos los funcionarios, en la idea de mejorar sus compromisos y competencias en las tareas que les corresponden; pero, fundamentalmente, en mejorar la atención que debemos brindarle a los ciudadanos que son los receptores del servicio público que ofrecemos.
Se trata pues, de la nueva conciencia sobre los cambios que debemos producir; porque éstos sólo serán viables en tanto seamos capaces de estructurar la filosofía para una nueva cultura organizacional. Y en esa perspectiva, lo único permanente es el cambio.
Hago votos entonces, para que esta jornada, reitero, sea otro paso firme en la dirección del fortalecimiento de la gestión institucional de la Procuraduría General de la Nación y la Administración de Justicia en particular, lo mismo que para la Administración Pública en general.
Muchas gracias.
Tasa de inflación 2%
La política de peaje de 3.5% anual, el cual es mucho menor del 5% potencial sustentado en el estudio del mercado de la empresa Mercer ya descrito.
Financiamiento interino: durante el período de la construcción una línea de crédito de hasta B/2,300 millones a una tasa de 6.25 % anual sobre la porción utilizada del financiamiento. Un cargo de 1.25% sobre la porción no utilizada disponible en los años 2009 hasta 2014.
Financiamiento: un empréstito de B/.2,300 millones para cubrir los años picos de la inversión entre los años 2009 hasta 2011 con un período de gracia hasta 2015, el primer año de entrar en operación el Tercer Juego de Esclusas.
El período de la amortización sería hasta el 2022 (8 años).
Los resultados son los siguientes:
La tasa de retorno financiera de la ACP es del orden del 12%, muy buena para un proyecto de esta envergadura, mientras cumple con los egresos ocasionados por sus compromisos fiscales.
Los ingresos fiscales crecientes en relación con los años fiscales 2005 y 2006 durante el período de construcción, promedia B/750 millones. Cabe destacar que en el año 2005 el aporte fue de B/489 millones.
Como se puede observar, la propuesta de la Ampliación cumple con los lineamientos fundamentales esbozados.
Las evaluaciones ya presentadas del proyecto de la Ampliación demuestran claramente que éste, en conjunto con las transformaciones del sistema productivo, educativo y la capacitación, crea las condiciones para encaminarnos firmemente desde el tercer mundo hacia el primer mundo, tal como fue descrito en la analogía del primer artículo de esta serie. Sin duda, no podemos darnos el lujo de no encarar con valentía y decisión nuestro desafío generacional.
Una nueva conciencia para producir cambios
“...como paradigma a alcanzar, la conducta de los funcionarios del Ministerio Público debe constituir el horizonte de visibilidad en que deben mirarse el resto de los servidores del Estado”.