El ministro paraguayo de Interior, Carlos Filizzola, descartó hoy la aplicación del estado de excepción para intensificar las operaciones de búsqueda de una mujer, funcionaria de una multinacional, que fue secuestrada el martes en Asunción.
A su salida de una reunión con el jefe de Estado, Fernando Lugo, en el Palacio de Gobierno, Filizzola señaló que no se dan las condiciones y que por el momento no es necesario recurrir a medidas extremas de este tipo.
Filizzola se expresó así después de que Lugo dijera el jueves a periodistas, en una localidad rural, que podría evaluar el estado de excepción "según se vayan desarrollando los acontecimientos" del secuestro de Dalia Scappini, desaparecida desde el pasado martes.
La mujer, de 31 años, experta en mercadotecnia, desapareció tras salir de su vivienda, en un barrio capitalino, con destino a su trabajo, la multinacional 3M Paraguay, y su vehículo fue abandonado en otra zona de la periferia capitalina.
"Tenemos una unidad antisecuestro, que es una unidad de elite, y trabajamos muy fuertemente en este tema en coordinación con la Fiscalía, que también tiene su unidad especializada", dijo Filizzola ante periodistas.
El estado de excepción, que puede tener una duración de 30 días y una prórroga de igual plazo, debe ser aprobado por el Congreso y permite al Gobierno disponer de mayores recursos para movilizar a la Policía y a las Fuerzas Armadas.
Filizzola había informado que los captores de Scappini se comunicaron con la familia de la funcionaria dos veces desde el propio teléfono móvil de la mujer, para anunciar que se encuentra bien de salud, sin hacer saber de sus pretensiones.
Scappini, prima de la ministra paraguaya de Turismo, Liz Crámer, pertenece a una familia pudiente y un sector la prensa local vincula el caso con una transacción comercial por la venta de unas propiedades, hecho que fue desmentido por los familiares de la secuestrada.
Las autoridades no han confirmado hasta el momento si ese ilícito ha sido perpetrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado de izquierda que opera en las áreas boscosas de Concepción.
El EPP, que según la Fiscalía ha recibido adiestramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), está acusado además de otros sonados casos de secuestro, así como de asesinatos de policías y de ataques a fincas agrícolas.
Los delitos perpetrados por ese grupo armado obligaron al Gobierno el 24 de abril de 2010 a declarar el estado de excepción durante 30 días en cinco provincias del noreste del país.
Esos procedimientos concluyeron sin que los organismos de seguridad hubieran capturado a los cabecillas de la banda, por quienes ofrecen recompensas, aunque meses después murieron cuatro de sus dirigentes en choques con policías.
