El presidente de Uruguay, José Mujica, relevó hoy del cargo al comandante de la División I del Ejército, general Luis Pérez, después de que este mantuviera una fuerte discusión con el jefe del Ejército, Jorge Rosales, aparentemente debido a la Ley de Caducidad, informaron fuentes oficiales.
Esta decisión fue comunicada por Mujica al vicepresidente Danilo Astori y a la bancada legislativa del oficialista Frente Amplio, principal impulsora de una ley destinada a eliminar la norma que evitó juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Mientras, el general Rosales también informó de esta decisión al resto de los generales del Ejército en una reunión que tenían prevista para hoy para tratar otros temas.
Según dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Defensa, sin ahondar en los motivos de la medida, el relevo de Pérez se produjo por las fuertes "desavenencias" surgidas con Rosales.
En un comunicado emitido en las últimas horas de la tarde, el presidente Mujica señaló que el relevo se produjo por motivos "exclusivamente profesionales" y debido a razones de servicio y apuntó como "inexactas" todas las versiones que vinculan el cese con "cualquier debate o discusión política".
El diario El Observador apunta en su edición digital que la discusión se dio después de que Rosales pidiera a Pérez un informe por escrito sobre algunas declaraciones realizadas por el general sobre la Ley de Caducidad y cómo estaba gestionando el Ejército su posición ante ese asunto tan delicado.
Conocido el informe, ambos militares se habrían reunido y de allí directamente surgió la decisión de destituir al militar, que mantendrá su rango y podrá ser enviado a otro destino salvo que decida dimitir.
Pérez fue durante varios años edecán de Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas en la historia del país, bajo cuyo mandato fue nombrado general y jefe de la División I.
Medios uruguayos también apuntaron que Mujica informó a su vicepresidente de que Rosales habría apuntado la posibilidad de renunciar a su cargo si el Parlamento toma la decisión, tal y como está previsto, de aprobar una norma que anula la Ley de Caducidad.
El pasado 12 de abril el Senado aprobó la norma con los votos del FA, que tiene mayoría, y la oposición de los otros partidos con representación parlamentaria y ahora deberá ser ratificada por el Congreso.
Esta posibilidad alteró al estamento militar, que considera que lo que se pretende es una venganza de lo sucedido en el pasado y una traición por parte del presidente Mujica, que dijo al asumir el poder que no buscaría "revancha" ante los militares.
La Ley de Caducidad fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras la salida de la dictadura, y refrendada en dos plebiscitos el primero tres años después y el segundo en 2009, ambos impulsados por el FA.
La norma otorga al Gobierno de turno la potestad de definir los casos que están comprendidos en ella. Todos los gobiernos que ha habido tras la salida de la dictadura hasta 2005 se ampararon en esa ley para no acoger las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
En 2005, con la llegada a la Presidencia de Tabaré Vázquez, del FA, comenzó a aplicarse un nuevo enfoque.
