Un total de 22 personas fueron detenidas anoche y esta madrugada acusadas de estar implicadas en "violencia pública" en relación con los ataques xenofóbicos ocurridos últimamente en la localidad de De Doorns, en la provincia sureña sudafricana de Cabo Occidental, informó hoy la Policía.
La misma fuente indicó que más de 3.000 personas, la mayoría zimbabuenses, han evacuado los asentamientos en que vivían y se han trasladado a campos de refugiados, tras los ataques de ciudadanos sudafricanos que derribaron sus chabolas y les impidieron utilizar sus habituales transportes para trasladarse a las granjas donde trabajan.
Los desplazados, a los que los sudafricanos acusan de "robar" sus trabajos y aceptar salarios más bajos de los habituales, están siendo alojados en tiendas de campaña o en instalaciones polideportivas de la zona, según la televisión pública SABC.
De los detenidos, que comparecerán el lunes ante el juez, 18 están acusados de actuar con violencia y los otros cuatro de aprovechar la situación para robar y saquear los asentamientos.
El Ministerio del Interior sudafricano ha enviado un equipo a la zona para "asistir a los inmigrante que hayan podido perder su documentación esencial en los incidentes".
Mientras tanto, según los medios locales, la tensión sigue en De Doorns, donde la Policía mantiene la vigilancia para tratar de evitar nuevos incidentes.
Los sucesos empezaron el martes pasado y, según la experta en relaciones sociales y xenofobia Ntombi Mcoyi, "hay un gran riesgo de que los ataques xenófobos se extiendan rápidamente por todo el país".
Según dijo Mcoyi a la emisora de televisión eNews, la alta tasa de desempleo y la falta de servicios básicos adecuados son las causas principales de estos sucesos.
En mayo de 2008, más de 60 extranjeros de diferentes países africanos resultaron muertos en agresiones xenófobas en toda Sudáfrica, la mayoría en Johannesburgo, lo que obligó a decenas de miles de estos inmigrantes a desplazarse a campos de refugiados.
Mcoyi apostilló que, tras los sucesos de 2008, el Gobierno no adoptó medidas adecuadas para prevenir este tipo de sucesos, por lo que existe un gran riesgo de que se repitan.
