Las autoridades de Ciudad de México difundirán la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en nahuatl, medida que se extenderá en el futuro a otras lenguas indígenas y al braille, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.
Fuentes del Instituto de las Mujeres de Ciudad de México, impulsor de la propuesta, indicaron que el proyecto pretende dotar de "un contexto cultural positivo" a las mujeres indígenas, en el que participen en todos los niveles de decisión".
La iniciativa, que contará con una tirada inicial de 5.000 ejemplares de la normativa capitalina, busca garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, de manera que "puedan decidir sus formas de organización y acceder a los beneficios del desarrollo", agregaron.
Está previsto que en el futuro el proyecto se extienda a las lenguas indígenas otomí y mixe, así como al braille.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Ciudad de México define siete tipos de violencia: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos, y feminicida (homicida).
También distingue cinco modalidades de violencia: familiar, laboral, institucional, en la comunidad y docente.
La norma, que se aprobó el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 8 de marzo pasado, establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas a reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Además pretende prevenir, atender, sancionar y erradicar el fenómeno.
Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 14 estados de México consideran un atenuante de homicidio la infidelidad conyugal de la esposa y su asesinato está penado en Michoacán, Campeche y Tamaulipas con menos cárcel que el robo de una cabeza de ganado.
Además, en 19 de los 32 estados mexicanos el "rapto" de una mujer soltera está eximido de pena si el que lo comete acepta casarse con la víctima, lo que también es aplicable al delito de "estupro", calificado así en el país cuando la menor, de entre 12 y 18 años, consiente las relaciones sexuales con el adulto.
En este contexto muchas comunidades indígenas del país recurren a las leyes de usos y costumbres como pretexto para violar los derechos de las mujeres y toleran la venta de niñas para el matrimonio o el trabajo, denunció en septiembre pasado Inmujeres.
Ejemplo de ello es el caso de Eufrosina Cruz, una indígena zapoteca de Oaxaca a quien la autoridad municipal anuló los votos que recibió en 2007 en la contienda por la alcaldía de su pueblo, donde las leyes de usos y costumbres prohíben a las mujeres presentarse como candidatas.
La población indígena de México asciende a 9,5 millones de personas de un total de 103,5 millones de habitantes (un 9,17%), según datos oficiales.
