La Comisión de Justicia del Congreso de Nicaragua, controlada por la oposición liberal, ratificó hoy que es el Legislativo el que tiene la facultad de nombrar a funcionarios de otros poderes del Estado, por lo que pidió anular un decreto en ese sentido del presidente del país, Daniel Ortega.
El dictamen, respaldado por 7 de los 12 diputados que integran la Comisión de Justicia, ratifica al Parlamento como único facultado para elegir a funcionarios públicos de otros poderes del Estado y, por tanto, sugiere dejar sin efecto jurídico el polémico decreto.
El pasado 9 de enero Ortega promulgó un decreto para prorrogar el mandato a varios altos funcionarios cuyo cargo ya concluyó o está por concluir, lo que agravó el enfrentamiento con la oposición liberal.
Apoyados en un dictamen de ilegalidad emitido por un juez sandinista, los diputados oficialistas y el propio gobernante han manifestado anticipadamente que no aceptarán la decisión de la Comisión de Justicia.
No obstante, el presidente de la comisión, el liberal José Pallais, envió su pronunciamiento a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, ocupada por su correligionario Wilfredo Navarro, quien anunció que convocará al resto de la Junta Directiva para decidir si se lleva el dictamen al pleno.
La directiva legislativa, integrada por siete miembros, es presidida por el sandinista René Núñez.
"El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no reconoce ninguna validez en ese dictamen, porque es producto de una violación a la Constitución y a la ley orgánica del Poder Legislativo", dijo a periodistas el diputado oficialista José Figueroa.
Ortega rechazó ayer la legalidad de una sesión plenaria celebrada en un hotel de Managua en la que diputados opositores enviaron a comisión un proyecto de ley para dejar sin efecto el controvertido decreto del Ejecutivo.
