La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por unanimidad la Ley de asociación público privada que generó polémica en el interior del Gobierno y que abre la puerta a posibles inversiones millonarias del exterior, informaron hoy fuentes legislativas.
"No estamos de acuerdo con el texto aprobado, lo votamos por disciplina partidaria y esperamos que se pueda mejorar en el Senado", afirmó hoy el diputado Hugo Dávila, del Partido Comunista que integra la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.
Los diputados aprobaron el proyecto la noche del miércoles y ahora pasará a la Cámara de Senadores donde la izquierda tiene la mayoría, pero se presume que también tendrá el respaldo de la oposición.
La principal discrepancia de los comunistas se refiere a las opciones que se abren para que inversores extranjeros "participen en la construcción de obras sociales" espacio que "debería quedar exclusivamente para el Estado", agregó el legislador en declaraciones a medios locales.
Otros grupos de la izquierda también manifestaron sus reparos con el alcance de la ley, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero igualmente dieron sus votos por disciplina partidaria.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, se encuentra actualmente en España donde el pasado martes presentó a empresarios las opciones que ofrece Uruguay para invertir en varios sectores.
La central de trabajadores PIT-CNT también señaló sus discrepancias con el proyecto de ley que calificó de "privatizador", aunque posteriormente las criticas se suavizaron debido a que algunos de sus reclamos fueron contemplados.
Paradójicamente, la iniciativa del Gobierno tuvo mayor respaldo en los partidos de la oposición: Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente que dieron sus votos en diputados, que dentro del propio Frente Amplio.
El Gobierno del presidente José Mujica pretende que la Cámara de Senadores apruebe el proyecto en el mes de junio para acortar los plazos e iniciar a la brevedad las primeras licitaciones.
La idea es que dentro de un año se concreten las primeras adjudicaciones a empresas privadas para realizar obras de infraestructura asociadas con el Estado.
Entre los objetivos del Poder Ejecutivo figuran la construcción o mejoras en carreteras y puentes, ferrocarril, sector energético, sanitario, viviendas, centros de estudio y cárceles, entre otros.
