Dirigentes de los grupos sociales que participan en la comisión especial que revisa la polémica Ley 30 o "Ley Chorizo" pidieron hoy al Gobierno panameño ampliar la mesa de diálogo con miembros de otros sectores y la derogación total del mencionado documento.
El representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Rafael Chavarría, dijo a Efe que la primera reunión de la comisión se centró en estos dos puntos, que fueron apoyados por la mayoría de los grupos involucrados.
"Estimamos que en el diálogo también debían estar presentes todos los grupos afectados, como los ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, y que además era saludable derogar la Ley 30 para ganar confianza en el diálogo", aseveró Chavarría.
Indicó que la intención es entrar en un diálogo abierto y que cada sector exprese su opinión de manera que, en la propuesta final, estén reflejadas las inquietudes de los grupos participantes.
Señaló que en la segunda reunión de la comisión, prevista para el próximo miércoles, se insistirá en las dos peticiones formuladas, porque "son posiciones en firme que mantendremos".
Por su parte, el viceministro de Trabajo Luis Ernesto Carles dijo a los periodistas que la misión de la comisión es la de revisar la Ley 30 y de entregar los resultados de su revisión, aunque también serán tratados los puntos que aporten los participantes.
La reunión, que se desarrolló en el Salón Paz de la Presidencia panameña, tuvo como corolario una protesta en sus alrededores por parte del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Los manifestantes exigían la derogación de la Ley 30 y la destitución del ministro panameño de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y del director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.
La Ley 30 es una norma propuesta por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli, que en principio buscaba el desarrollo de la aviación comercial, pero en el que introdujeron reformas a los códigos Laboral y Penal y a la Ley General de Ambiente.
La comisión especial fue nombrada a inicios de agosto originalmente para examinar los artículos referidos al código laboral, pero luego se amplió su cobertura para tratar todo el contenido de la polémica ley, detonante de violentas protestas en el occidente del país, que dejaron dos muertos.
