Dos asociaciones españolas que defienden la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la sala de lo penal, Juan Saavedra, por la decisión de juzgar a Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo.
Fueron las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca las que han formalizado la querella, según confirmó la coordinadora del Colectivo de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez.
Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS, también de extrema derecha, presentaron contra Garzón por su intento de investigar las desapariciones de personas ocurridas durante Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco.
Baltasar Garzón recurrió el sábado ante el Tribunal Supremo el auto que anticipa que se le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar esos crímenes.
Si prospera el auto judicial, Garzón, que logró notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet, tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación.
El representante de la Asociación para la Recuperación de la memoria histórica de Cataluña, Manuel Perona, explicó que han decidido interponer la querella al considerar que la actuación de los jueces del Supremo constituye prevaricación porque, a sabiendas de que las decisiones de Garzón son sostenibles y jurídicamente aceptables, siguen manteniendo la imputación.
La querella se basa también en que la causa abierta por Garzón es por detenciones ilegales y desapariciones forzadas.
"Éstas representan las más graves violaciones contra los derechos humanos, que son crímenes contra la humanidad que no prescriben por ninguna Ley de amnistía", subrayó.
Perona también dijo que si se abre una causa contra Garzón por tratar de investigar los crímenes del franquismo "ningún otro magistrado lo hará en el futuro y los efectos para las víctimas serán el desamparo permanente, primeramente por el franquismo y ahora dejándolos fuera del amparo de la ley por la democracia".
Consideró asimismo que los efectos "pueden ser irreparables jurídicamente" y que la causa "puede quedar imposibilitada para siempre".
Perona dijo que numerosas entidades para la recuperación de la memoria histórica de España han anunciado su intención de sumarse a la iniciativa de estas dos asociaciones.
En Madrid, familiares de represaliados por la dictadura de Franco se concentraron con pancartas en apoyo a la actuación de Garzón a las puertas de la sede del Tribunal Supremo.
La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, leyó un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una "profunda indignación" porque el alto tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez.
Si prospera el auto judicial del juez Varela, Baltasar Garzón, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusado para responder de un presunto delito de prevaricación.
En su recurso a dicho auto, alega que la doctrina expuesta en el mismo por Varela "es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial", además de señalar que "han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales a ejercer una acción penal" contra él.
El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, examinará el caso el próximo 22 de abril y podría decidir suspender a Garzón.
Los hechos por los que el juez está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que fueron enterradas personas desaparecidas en esa época.
Varela le acusa de haber ignorado la existencia de la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977.
