Ecologistas de Argentina expresaron hoy su disconformidad por el acuerdo de control ambiental alcanzado con Uruguay para vigilar a una papelera de capital finés instalada en ese país y reclamaron una reunión "urgente" con las autoridades argentinas para pedirles explicaciones.
El acuerdo firmado este miércoles en Buenos Aires por los presidentes de los dos países hace temer un control ambiental "laxo" en el río Uruguay, hito fronterizo en cuya margen uruguaya está instalada la papelera UPM, advirtieron.
"Desde mayo no se está financiando a los equipos ambientales para poder continuar con los controles", remarcó además Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ciudad vecina a la uruguaya de Fray Bentos, donde se levanta la factoría finlandesa.
Leissa dijo que a los ecologistas les "preocupa" que en la zona del país vecino vaya a usarse normativas uruguayas y de la bilateral Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) cuando el Gobierno de Montevideo "ha tenido un control laxo" para prevenir daños al ambiente.
Los ecologistas de Gualeguaychú, en el este de Argentina, "vienen reclamando desde hace siete años, cuando Uruguay no respetó la normativa vigente" apuntó a la radio Continental de Buenos Aires.
"Sigue la actitud de dilatar el fondo del problema", agregó.
"Pedimos una urgente reunión" con el canciller argentino, Héctor Timerman, "para plantearle la disconformidad con lo pactado con Uruguay", indicó Leissa.
El acuerdo suscrito por la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su colega uruguayo, José Mujica, establece que en un plazo de 30 días se formará un comité de cuatro científicos, dos por cada país, para hacer controles periódicos al río que marca la frontera común entre los dos países.
También se harán controles en los establecimientos agropecuarios, las plantas industriales, los asentamientos urbanos ubicados en las costas del río, según anunció Timerman en una rueda de prensa que compartió con el canciller uruguayo, Luis Almagro, luego de que los mandatarios firmaran el acuerdo.
Los controles ambientales se harán en el marco de la CARU, organismo creado en 1975 al firmarse el acuerdo de administración compartida del río Uruguay, y los expertos de cada país
El canciller argentino se mostró molesto cuando se le preguntó si este acuerdo iba a conformar a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que a mediados de junio levantó por 60 días el bloqueo que mantenía desde 2006 en el acceso al puente que une a esa ciudad con Fray Bentos.
La instalación de la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos había desatado el peor conflicto de las últimas décadas entre ambos países y fue motivo de una demanda de Argentina contra Uruguay que se dirimió en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El tribunal internacional dictaminó en abril pasado que Uruguay violó el tratado de administración compartida del río fronterizo al permitir de forma unilateral la instalación de la papelera, pero consideró que no está demostrado que la planta contamine e instó a ambos países a hacer controles conjuntos.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reclama el desmantelamiento de la planta de UPM, capaz de fabricar más de un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, y hoy llevará a cabo una nueva marcha de protesta ante la embajada de Finlandia en Buenos Aires.
