"Quinientos dólares o nada", gritan los trabajadores. Los empresarios responden, "es imposible". Así están las cosas en la discusión sobre el salario mínimo, que al parecer se ha convertido en un callejón sin salida, no precisamente por los cierres de calles y protestas que han protagonizado los obreros, sino porque en la mesa de negociación no se han logrado acercar las posiciones diametralmente opuestas.
Con acuerdo o sin él, el próximo mes habrá un nuevo salario mínimo. El 15 de julio vence el plazo para que la comisión encargada presente su informe, y el 31 del mismo mes el gobierno aprobará el nuevo emolumento. De no llegarse a un consenso, el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, fijará el nuevo salario mínimo.
¿Puede un obrero sobrevivir con un salario de B/.224.64 mensual? ¿Puede la empresa privada, en especial la micro y pequeña empresa, sobrevivir con un salario mínimo de B/.500?
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio entre 150 miembros de dicho gremio, revela que el 41% de las empresas considera que un aumento de salario mínimo a B/.500.00 los obligaría a reducir personal, mientras que un 11.2% estimó que este hecho ocasionaría un aumento general de los precios de los bienes, al incrementarse los costos de operación de las empresas.
Un 7.8% de los empresarios consideró que 500 balboas de salario mínimo los obligaría a un cierre total o parcial de sus operaciones; 3.9% a una pérdida de competitividad; 2.4% tendría que sustituir personal por tecnología; un 3.4% indicó que se reduciría la rentabilidad de las empresas y un 2% que se limitaría el crecimiento de las mismas.
El 88% de los empresarios consultados indicaron que un salario mínimo de hasta B/. 250 mensuales no afectaría las operaciones de las compañías y permitiría el desarrollo del país.
En general, un 93% de los estuvo de acuerdo con aumentar el salario mínimo y sólo un 6.5% indicó que esto no debía hacerse.
La encuesta también revela que un 50.8% de los empresarios abogan por negociar un "aumento razonable", de acuerdo con la realidad económica del país, con base en indicadores como situación ocupacional, capacidad financiera de las empresas, inflación, niveles de inversión, canasta básica familiar e indicadores de pobreza.
En tanto, un 12.1% consideró que la situación económica actual del país no permite un aumento del salario mínimo; un 10.5% piensa que dichos aumentos deben ir de acuerdo a la productividad del personal y la empresa; un 2.4% abogó por una modificación del Código Laboral; un 3.2% estimó que el aumento no debe ser mayor a la inflación del país y un 9.7% manifiesta que debe ser gradual y negociado internamente con los empleados.
La muestra incluye representantes de las diferentes actividades económicas. El sector servicios representó el 31.4% de los encuestados; las agencias representativas y distribución, un 8.5%; la construcción, un 6.5%; turismo, un 7.8%; grupos profesionales, 6.5%; finanzas, seguros y banca, un 4.6%; sector automovilístico, un 5.2%.
El salario mínimo actual es de B/. 224.64 mensuales (B/. 1.08 la hora) en la ciudad capital, San Miguelito y Colón, área que concentra la mayor cantidad de asalariados. Para las empresas que tienen menos de diez trabajadores, es de B/.1.02 por hora.
Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un salario mínimo de B/. 0.76 por hora en la pequeña empresa, y B/.0.82 por hora en empresas grandes, los obreros de la construcción reciben B/. 1.31 por hora, siendo este el más alto de la fuerza laboral.
Más del 73% de los asalariados devengan menos de B/.500 mensuales, según datos de la Contraloría General de la República.
En 1960, cuando se estableció por primera vez el salario mínimo, éste se fijó en 40 centésimos la hora para Panamá, Colón y San Miguelito y 25 centésimos para el resto del país.
Informes del Ministerio de Trabajo señalan que una familia de 4.8 personas requiere un ingreso mensual de B/. 449.00, mientras que el promedio de los que trabajan es de 1.7 personas.
Sin embargo, los empresarios aseguran que la familia realmente está compuesta por un promedio de 3.9 personas, de las cuales por lo menos dos están empleadas.
El último costo de la canasta básica es de B/. 225 mensuales, e incluye gastos de luz, agua, teléfono, vestido, vivienda, entretenimiento y transporte.
La Comisión del Salario Mínimo está conformada por representantes de todos los sectores involucrados en el tema, como el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien la preside, el director general de Trabajo, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de Comercio e Industria, tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), dos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y uno de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Al parecer, este hecho no ha logrado acercar posiciones que aparentan ser irreconciliables.
Los obreros sustentan su aspiración de B/. 500 mensuales de salario mínimo en estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Contraloría que indican que una familia promedio requiere de B/. 449 para suplir sus necesidades básicas.
Por su parte, el sector empresarial asegura que si la consigna es "500 dólares o nada", entonces será "nada" porque esta cantidad es imposible y terminará por aniquilar a las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo a aumentar el desempleo en todo el país.
Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel José Paredes dijo que el "salario mínimo debe ser sólo una herramienta de medición, ya que ningún empleado debería ganar ese sueldo".
El sociólogo Raúl Leis, del Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA) considera que se debe dar un aumento automático del salario mínimo en base a la inflación.
Leis introduce el planteamiento de "aumentar el salario mínimo real", que equivale a mejorar los servicios sociales que debe prestar el gobierno, para que las personas no tengan que invertir sumas adicionales para "comprar" estos beneficios, con lo que lograrían un mayor rendimiento de su salario mensual.
Por su parte, el ex ministro de Planificación Guillermo Chapman asegura que un aumento del salario mínimo podría tener un efecto negativo sobre la economía, incrementando el desempleo, principalmente entre los jóvenes y las mujeres, que son los grupos que tienen menos posibilidades de conseguir empleo.
El salario mínimo debe revisarse periódicamente cada dos años, y el monto deberá atender las condiciones económicas de cada región. Para tal fin, el decreto No.38 del 1 de agosto de 1998 establece tres áreas geográficas. La primera tiene el porcentaje más alto y corresponde a los distritos de Panamá, San Miguelito y Colón; la segunda incluye a los distritos de David, Chitré, La Chorrera, Aguadulce, Santiago, Penonomé, Las Tablas, Bugaba, Chepo y Taboga y la última comprende el resto del país.
