Un plazo de 65 días concedió ayer la Business Software Alliance Panamá (BSA) a las empresas establecidas en Panamá para que legalicen sus programas de software, según lo establecido en la Ley 15 que regula los derechos de autor.
El 70 por ciento de las empresas que operan en Panamá lo hacen con software piratas (reproducción ilegal), cifra que a pesar de ser muy alta, ha registrado una disminución de un 16 por ciento aproximadamente desde 1996 cuando se inició la campaña contra la piratería y que en ese entonces se situaba en un 86 por ciento, según cifras de la organización.
El período de gracia, que se inició ayer 7 de abril y que finalizará el 11 de junio próximo, tiene el propósito de disminuir el índice de ese delito a un 64 por ciento, informó Audrey Williams, representante legal de la BSA en Panamá.
Este delito, que en los casos más graves tiene un multa de 20,000 balboas o prisión por cuatro años, causa pérdidas millonarias al fisco panameño.
Williams especificó que estudios efectuados en 1996 indicaron que la industria del software tuvo una contribución al fisco panameño de 9 millones de balboas, cifra que podría haberse triplicado en el último año.
La BSA, una entidad sin fines de lucro que opera a nivel mundial para combatir la piratería de software, inició su campaña en Panamá en 1996 y ha emprendido acciones legales contra importantes y reconocidas empresas de la construcción, bancarias, de seguros y de servicios.
En tanto, Jonathan Taub, encargado de asuntos legales de la BSA para Panamá, manifestó que en los últimos doce meses han emprendido 19 acciones legales contra la reproducción y distribución no autorizada de software.
Subrayó que esta reproducción ilegal afecta a los fabricantes de software y a la economía del país al impedir la generación de puestos de trabajo que en los últimos años alcanzó unos mil empleos, la captación de impuestos y el crecimiento de la industria local de software.
El Comisionado Presidente de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, Rafael Carles, se comprometió a reforzar las campañas de concienciación dirigidas a los consumidores para que adquieran equipos de cómputo con sus respectivas licencias. "Lo importante es evitar que los consumidores sean engañados al comprar, porque de lo contrario el daño es irreversible", comentó.
